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En 1861, el gobierno de Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda externa en tanto saneaba las maltrechas finanzas públicas, y Francia aprovechó el momento para imponer el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Eran tiempos en los que, más intensamente que ahora, se consideraba como válida la intervención de los Estados en los asuntos internos de otros. La resistencia de la República ante la intervención extranjera y el triunfo que se consumaría el 15 de julio de 1867, encaminó la construcción de la doctrina de México hacia el exterior, como lo delineó Benito Juárez en su discurso al recuperar la capital del país:
“Mexicanos. encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Para 1918, en plena Primera Guerra Mundial, el entonces presidente Venustiano Carranza, al rendir su segundo informe ante el Congreso, delineó aún más la visión de México y su relación con el resto de las naciones: “La igualdad, el mutuo respeto a las instituciones y a las leyes y la firme y constante voluntad de no intervenir jamás, bajo ningún pretexto, en los asuntos interiores de otros países han sido los principios fundamentales de la política internacional que el Ejecutivo de mi cargo ha seguido, procurando al mismo tiempo obtener para México un tratamiento igual al que otorga, esto es, que se le considere en calidad de Nación Soberana, como al igual de los demás pueblos; que sean respetadas sus leyes y sus instituciones y que no se intervenga en ninguna forma en sus negocios interiores”.
Esta fue la visión de los liberales que después de las consecutivas guerras que enfrentó México, de las intervenciones y el contexto de inestabilidad política que se vivía en el mundo, construyeron el principio de no intervención, que ha adoptado Andrés Manuel López Obrador de manera irreductible.
En estos principios se ampara el Presidente cuando el gobierno de México mantiene la postura de no tomar partido en la crisis política de Venezuela, y lanza como advertencia el que no aceptará que otros gobiernos se inmiscuyan en los procesos políticos de México. “Por razones de geopolítica sostenemos estos principios porque no queremos que gobiernos ajenos, extranjeros, intervengan en asuntos que sólo competen a los mexicanos”, sostuvo el pasado 30 de enero López Obrador.
Y es que el presidente ve en el artículo 89 constitucional, específicamente en la X fracción, su escudo y su espada. En él se resumen las doctrinas de Benito Juárez, de Venustiano Carranza y de Genaro Estrada, quien en 1930 era canciller y que debió fijar una postura sobre los cambios políticos que experimentaban Argentina, Bolivia, Perú, República Dominicana y Haití, pero que su legitimidad dependía de la “llamada teoría del reconocimiento” que le otorgaba a gobiernos extranjeros la potestad para decidir qué gobiernos debían reconocerse y cuales no.
Estrada instruyó que México no asumiría esa teoría para no herir la soberanía de las repúblicas latinoamericanas. A partir de este momento se determinó la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la resolución de los conflictos por la vía pacífica como la llamada Doctrina Estrada.
La visión de López Obrador se reafirmó con el nombramiento del embajador emérito Bernardo Sepúlveda Amor como representante de México en el Mecanismo de Montevideo, propuesta que impulsa Uruguay y el gobierno mexicano para sentar al diálogo a la oposición venezolana y a la administración de Nicolás Maduro. El diplomático representa la experiencia en la solución pacífica de los conflictos: participó como representante de México en el Grupo Contadora, conformado por Colombia, Panamá y Venezuela, que en 1983 buscó pacificar Centroamérica en una época en la que estaba latente una intervención estadounidense en la Nicaragua sandinista.
Los principios de la política exterior mexicana que encaminaron Juárez, Carranza y Estrada adoptaron rango constitucional el 11 de mayo de 1988, en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado, el primero de los neoliberales que asumieron el poder en México.
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