El mundo y la realidad educativa han cambiado dramáticamente desde la aparición de la pandemia. En un hecho inusitado y difícil de entender, la federación no ha hecho ajustes relevantes al presupuesto, a sus programas ni a su estructura para adaptarse a la pandemia, que bien podría ser el hecho más disruptivo al que se haya enfrentado la SEP en su historia centenaria.
La Secretaría se ha limitado a producir programas para televisión y radio que pueden ayudar, pero que quedan muy cortos por ser la estrategia única de apoyo. Esta falta de adaptación operativa y estructural también ha ignorado hasta ahora muchas fortalezas con que cuenta el sistema educativo, cuyo aprovechamiento representaría costos marginales o nulos, para acompañar a escuelas, familias y estados.
De entrada, los mensajes de la autoridad son confusos: un día tenemos una declaración presidencial ordenando el regreso a las escuelas independientemente de la evolución de la pandemia y de las condiciones de los planteles, pero luego la SEP matiza para decir que será voluntario. En reciprocidad, el requisito impulsado por SEP de que los padres firmen una responsiva de pronto recibe la desaprobación presidencial. Por su parte, los líderes sindicales que antes señalaron que el semáforo verde era condición indispensable para el regreso, hablan ahora de que ello debe ocurrir sin atender a ese indicador.
La última propuesta de Acuerdo para regular el regreso a clases, que la SEP ingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) previo a su publicación, deja en manos de las autoridades locales y las escuelas todas las decisiones que implican tomar una responsabilidad. No se advierte una estrategia clara que convoque a las partes, prevea escenarios y, junto con la asignación de responsabilidades, comprometa apoyos y asigne presupuestos.
La centralización de los presupuestos que esta administración profundizó desde su inicio, tendría que ofrecer a la SEP mayor capacidad de reacción para afrontar los retos que presenta la contingencia sanitaria, pero no ha sido así. Por el contrario, eso ha impedido que estados y escuelas puedan tener mayores herramientas para enfrentar el reto de mejor manera. Desde el inicio de la administración se decretó una reducción sustancial a programas e instituciones para concentrar recursos, que se han asignado a programas como la distribución de becas a todos los estudiantes de media superior, tengan o no necesidad de ella. No se salvaron de recortes muy significativos instituciones como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) o el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), que atienden a la población más pobre del país; ni acciones como la formación docente o el apoyo a escuelas para estudiantes indígenas y migrantes. En los últimos años los recortes han continuado y la concentración presupuestal se ha incrementado; no obstante, las responsabilidades se siguen delegando a las escuelas y las autoridades estatales.
¿Qué cambios se han realizado en los programas y/o en las estructuras organizacionales de la federación? Salvo los programas de Aprende en Casa, la adaptación es mínima. No se advierten esfuerzos o instancias especiales que ayuden a estados y escuelas en la prioritaria tarea de reintegrar a los millones de alumnos que se han desvinculado de la escuela. Tampoco se han distribuido herramientas para apoyar el diagnóstico académico o para orientar la nivelación académica de los estudiantes con rezago: las tareas que no han realizado las áreas especializadas de SEP, deben realizarlas en lo individual cientos de miles de maestros en todo el país. Los esfuerzos de capacitación a docentes y directivos son aislados y muchos se dejaron en manos de empresas que le dan un enfoque orientado a sus productos, como ocurrió con Google.
El sistema educativo es tan noble y fuerte que es posible hacer mucho por las escuelas aun sin reasignaciones presupuestales ni cambios en las estructuras administrativas: las áreas de diseño curricular (SEP, Conafe, organismos de media superior) podrían ofrecer orientación respecto a los contenidos fundamentales de cada grado y asignatura, pues las circunstancias no permiten abarcarlo todo; las instancias de evaluación (SEP, Mejoredu) tendrían que proponer instrumentos para que los docentes diagnostiquen a sus alumnos y puedan monitorear su avance; las áreas con experiencia en la enseñanza multigrado (SEP con Telesecundaria, Telebachillerato, Educación indígena) y en el uso de materiales digitales (SEP, ILCE), podrían ofrecer capacitación a docentes. La misma SEP podría convocar al DIF, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), gobiernos estatales, municipios y organizaciones de la sociedad civil, a un esfuerzo amplio y conjunto para identificar y reinsertar a estudiantes desvinculados de las escuelas. El sistema educativo cuenta con miles de personas capaces y bien dispuestas, pero para aprovechar su potencial se requiere imaginación, articulación, espíritu de colaboración y un liderazgo constructivo.
Tiempos extra
De no emprender acciones decisivas para apoyar a escuelas en zonas marginadas, el sexenio que pretendía impulsar la equidad se puede convertir en el que produzca mayor inequidad en la historia de la SEP. Mientras que los estudiantes de escuelas públicas y privadas con mejor equipamiento en casa han logrado avanzar académicamente, el rezago se acumula entre los cientos de miles —que pueden ser ya millones— de estudiantes que se han desvinculado de la escuela, y entre quienes siguen en contacto con ella pero no cuentan con las condiciones mínimas de equipo y acompañamiento en casa. La brecha entre ambos mundos se ensancha día con día.
Si a lo anterior agregamos los severos recortes a elementos de mejora que podrían ayudar a las escuelas más rezagadas, como la capacitación docente, los materiales educativos y la evaluación, seguiremos con pocos elementos para el optimismo.
