El juicio político, arma “electoral y politiquera”

Partidos, funcionarios y exservidores públicos han tomado durante años la figura de juicio político como un arma electoral, “politiquera”, mediática y de venganza contra sus adversarios, destacan legisladores entrevistados por este medio.

A pesar del gran ruido mediático que se genera, no ha habido una sola solicitud de juicio político que haya prosperado en los últimos 98 años, lo que, a decir de los legisladores, habla de la inutilidad práctica de esta figura para sancionar a los servidores públicos.

Quien más cerca estuvo de una resolución en su contra fue la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien juzgaron en la Cámara de Diputados hace cuatro años, pero el Senado no emitió la sentencia correspondiente.

Diputados federales de Morena, PRI, PAN y MC lo admiten: los intereses políticos han desvirtuado el valor de este proceso con el que se puede destituir a un servidor público e inhabilitarlo hasta por 20 años si incurre en ataque a las instituciones democráticas, al gobierno republicano, a la libertad de sufragio; en violaciones a los derechos humanos o usurpación de atribuciones o en cualquier infracción a la Constitución en perjuicio de la Federación.

“El juicio político, en el nombre lleva la penitencia”, consideró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, mientras que el líder del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, admitió que esta figura constitucional “tiene su lógica, el problema es que muchos falsean esa lógica”.

Moreira resaltó que todas las solicitudes de juicio político están detenidas en la Cámara de Diputados porque la mayoría se presenta con intereses partidarios.

Congeladora saturada

El número de solicitudes congeladas es incierto. Rubén Moreira asegura que son más de 100 y el panista Jorge Triana las calcula en casi mil.

En San Lázaro no se tienen avances, porque en esta legislatura no ha habido ni una sola reunión de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, instancia que analiza los casos y determina si se cumple con las condiciones legales para que la Sección Instructora abra el proceso. Por ello, los legisladores consideran que las solicitudes de juicio político son, en realidad, “mediáticas, un llamado a misa”.

“Se anuncian sabiendo que no va a prosperar, o que es casi imposible que prospere el proceso, a menos que algún partido tuviera mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Por otro lado, hay una suerte de impunidad compartida, como hay personajes de todos los partidos atrapados en esa lista de acusados, pues, a ningún partido le conviene que se abra esa caja de Pandora”, dijo el diputado del PAN, Jorge Triana.

“Creo que el juicio se ha vuelto un esquema de señalamientos duros por parte de un grupo político respecto a otro, más que una figura del Estado para fincar responsabilidades a una persona. Se ha vuelto un esquema politiquero”, opinó el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa.

Un procedimiento engorroso

El diputado del PAN, Jorge Triana, advirtió que el juicio político conlleva un proceso “sumamente engorroso y tortuoso”, que sólo procedería si un partido político tuviera las dos terceras partes de los votos en el Congreso, pues la Cámara de Diputados se transforma en órgano de acusación y el Senado en jurado de sentencia.

Actualmente, los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados suman 276 de 500 votos, suficientes para aprobar el inicio de un juicio político; pero en el Senado, las bancadas de esos partidos, más sus aliados del PES, juntan 72 votos, lejos de los 86 que se requieren —mayoría calificada— para emitir una sentencia.

“La ley está redactada de una forma en la que caben todas las conductas (ilícitas) y ninguna. Por ejemplo, una de las causas para imputar a alguien un juicio político es atentar contra las instituciones democráticas, ¿qué es eso? Todo o nada. Entonces, hay una figura en la Constitución que desde el punto de vista teórico es muy bonita, hasta genera tesis académicas para que los muchachos puedan graduarse, pero no ha habido uno sólo (desde 1926)”, enfatizó el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, integrante de la Subcomisión de Examen Previo.

El último juicio político en México tuvo lugar el 23 de marzo de 1926. La Cámara de Diputados se erigió en Gran Jurado al acusar a José Guadalupe Zuno, gobernador de Jalisco y enemigo político del entonces presidente Plutarco Elías Calles.

“Circo mediático”: Robles

Para la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, los señalamientos en su contra por la llamada Estafa Maestra están rebasados, porque las instituciones de justicia le han dado la razón; sin embargo, recuerda que en 2020, en plena pandemia por Covid-19, la Cámara de Diputados le abrió un juicio político que se quedó a medias porque el Senado archivó el caso.

“Fue todo el aparato del Estado en contra de una persona, fue la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), fue la Fiscalía General de la República, fue la Consejería Jurídica del Gobierno de la República, fue la Cámara de Diputados, la Función Pública (…) El juicio político era un circo mediático, era la estigmatización, la deshonra, eso es lo que ellos querían, nada más que yo no me presté a eso”, dijo en entrevista con ejecentral.

La también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evitó hablar de los señalamientos de diversas autoridades por el supuesto desvío de al menos cinco mil millones de pesos durante su gestión en dos secretarías, y se remitió a hablar de la distorsión del juicio político.

“Un instrumento que debiera servir para, en todo caso, sancionar a servidores públicos que incumplan la ley, se ha convertido en amenaza, en ariete político en contra de adversarios, eso me parece una distorsión absoluta”, consideró.

Recordó que quien encabezaba la Sección Instructora de la Cámara de Diputados era Pablo Gómez, hoy titular de la UIF, quien, afirmó, siguió una consigna política para abrirle el juicio a pesar de que ya enfrentaba un proceso penal. Para poder abrir el caso de Rosario Robles, la Sección Instructora tuvo que desechar en fast track decenas de solicitudes en contra de otras personas.

›“Hubo 125 nombres que saltaron para hacerme el juicio político a mí, cuando además tiene el objetivo de que, si estás en la función pública, quitarte de tu puesto e iniciar una causa penal. Yo ya estaba en una causa penal y ya no era funcionaria pública, fue evidente el manejo político de este instrumento. Ya en el Senado no prosperó, porque el coordinador de Morena no quiso avanzar en ese sentido, ni tenían la mayoría calificada que se requiere”, declaró.

Los intereses no han cambiado, desde su perspectiva. Ejemplificó con la pretensión de Morena y del exministro Arturo Zaldívar de pedir un juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

“Se ha amenazado a la ministra presidenta de la Corte, se utiliza de manera política para denostar, en este caso, a un Poder y a una persona que ha demostrado su autonomía”, dijo.

En la lista: AMLO, López-Gatell, Pérez Dayán…

Para que la Cámara de Diputados pudiera revisar los casos del ministro en retiro Arturo Zaldívar, y de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña —cuya demanda no ha sido formalizada—, primero tendría que desahogar decenas de solicitudes presentadas con anterioridad, entre ellas 28 en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, según contabilizó el panista Jorge Triana.

El miércoles de la semana pasada fue presentada una demanda del PRI y del PAN en contra de Arturo Zaldívar, “por la presunta comisión de delitos como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento oculto”.

Antes había llegado una de Morena en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

También hay una de MC en contra del exgobernador interino de Nuevo León, Arturo Salinas, por “presunta usurpación de funciones”, como parte de un sainete que obligó a Samuel García a regresar al cargo, y hay una en contra de la titular de la Conade, Ana Guevara.

Además, está una solicitud del PAN en contra de Hugo López-Gatell por “omisiones en el manejo de la pandemia por Covid-19”, y decenas de casos más.