“Quien hizo esto trae una gran maldad en su corazón”, soltó uno de los militares, quien acudió a analizar los dos explosivos que fueron localizados en un par de viviendas abandonadas en la comunidad de Nuevo Israelita, municipio de Simojovel, en Chiapas.
Fueron elementos del Ejército y la Guardia Nacional quienes el jueves 9 de julio terminaron por detonar los artefactos que mantenían atemorizados a los pobladores, pues a decir del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, los uniformados le dijeron que no había otra manera para desactivar los explosivos.
Eso no es normal, encontrar artefactos de esa potencia y que el Ejército no los pueda desactivar así nomás, sino que tuvo que hacerlos explotar para deshacerse de eso. Ahora la población cansada, las comunidades, los pobres, los indígenas, los campesinos cansados de esta violencia estructural pareciera que se levantaron en armas en contra de los sicarios del crimen organizado”, alertó el clérigo Marcelo Pérez quien en entrevista con ejecentral, advierte que el recrudecimiento de la violencia en la región de Los Altos de Chiapas no se trata de un hecho fortuito.
›Al contrario, sostiene que ha sido el cúmulo de asesinatos, secuestros y todo tipo de despojos lo que ha detonado el temor y hartazgo de las comunidades, quienes ante la imperante violencia y constantes enfrentamientos de las últimas semanas han aumentado su huida hacia otras localidades.
Lo que está pasando es una expresión de ‘¡Basta ya!’ de las comunidades, y un signo muy claro de la presencia del crimen organizado son las dos bombas qué encontramos en el Nuevo Israelita en la comunidad de Simón Pedro Pérez López”, declaró al respecto activista tzotzil e integrante y expresidente de la organización Las Abejas de Acteal, antes de ser asesinado el lunes 5 de julio, justo en la noche se hallaron los explosivos con todo y detonadores.
A tal grado ha escalado el nivel de violencia en esa región, que justamente ese jueves, cuando tuvieron que ser detonados los explosivos, los elementos del Ejército y de la Policía Estatal de Chiapas fueron atacados por parte de un grupo de hombres armados que un día antes habían bloqueado caminos y tomado los accesos a la cabecera municipal de Pantelhó. El saldo del ataque fue de tres militares de la VII Región Militar y seis agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana estatal heridos.
›Un día antes y a plena tarde en calles de Tuxtla Gutiérrez, se desató una balacera que horas después se identificó como un probable enfrentamiento entre presuntos integrantes de dos de los cárteles que buscan apoderarse del control territorial, luego de que entre las cuatro víctimas que dejó la lluvia de balas se identificó a Ramón Gilberto Rivera Estrada alias Junior, hijo de Gilberto Rivera Amarillas Tío Gil, exoperador de cártel de Sinaloa quien fue detenido en Guatemala en 2016.
Como si se tratara del avance de un contagio, el brote de hechos violentos, aunado a las peticiones ciudadanas de atención y condiciones de seguridad por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno terminó por contraponerse con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó esa misma semana cuando ocurrieron los hechos violentos en Chiapas, así como de Aguililla en Michoacán, como su estrategia de “abrazos, no balazos”.
Para Alexei Chévez Silveti, especialista y consultor en temas de seguridad, la explícita orden que el viernes 9 de julio dio el presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas de “no responder, no caer en provocaciones”, sólo contribuye a mermar el aspecto anímico de los elementos, y, por el contrario, empoderar de alguna manera a los grupos criminales y cárteles, pues sentenció que: “Hay una realidad, el asunto de seguridad pública no es que se le esté yendo de las manos a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a quien se le está yendo de las manos es al ciudadano presidente. Si algo ha provocado esta estrategia, que no me gustaría llamarlo así porque no hay estrategia, sino este cambio de instrucciones de ‘no los vamos a perseguir, pero ustedes defiéndanse’, es que no se le tenga absolutamente ningún respeto a las Fuerzas Armadas”.
Huir para sobrevivir
“Aproximadamente 2 mil personas tzotziles de la región de Pantelhó y Chenalhó han sido desplazadas por la violencia generalizada del crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación”, advirtió una acción urgente que la semana pasada dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dedicado a responder a las demandas de las comunidades
Al respecto, el sacerdote Marcelo Pérez contó a este periódico que es complejo determinar la cantidad de personas que son desplazadas por las condiciones de inseguridad y violencia, pues prácticamente, dijo, cada día más personas salen de sus comunidades. “No tengo datos de cuántos, pero efectivamente hay muchos desplazados que se salen con lo que puedan, porque el crimen organizado tiene un armamento de alto calibre y por eso a las comunidades temen por sus vidas, y mejor se desplazan a otro lugar para salvar sus vidas”.
›Sobre la situación en particular que se vive en Pantelhó, Chenalhó y las localidades de Los Altos, el párroco de Simojovel, —de donde era originario el activista Simón Pedro Pérez quien denunció el acoso de los grupos criminales en la comunidad antes de ser asesinado—, aseguró que el apoyo al gobierno y las autoridades siempre se ha solicitado, pero acusó que si a nivel local no les hacen caso, la presencial del gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador en la región es simplemente inexistente.
“Siempre han acudido a demandar los asesinatos, los robos, los despojos, pero pues dicen, ‘el ministerio público no nos hace caso, le hace caso más a ellos (los grupos armados), ellos meten dinero’; las viudas se han quejado y han pedido la presencia de la Guardia Nacional, han pedido la presencia de la Fuerza Pública, pero no hay porque como es el ayuntamiento quien está violentando a las comunidades. Como ven que no hay presencia del gobierno federal y estatal entonces ‘nos vamos a defender’, dijeron. Es muy claro que donde hay ausencia del Estado pues es campo libre para el crimen organizado”, advirtió.
En medio de estas denuncias que señalan tanto a la alcaldesa de Pantelhó, Delia Yaneth Flores Velasco, como su expareja y alcalde electo para el mismo municipio, Raquel Trujillo Morales, de estar vinculados con la operación de grupos armados en la región; el lunes 12 de julio, agentes de la Fiscalía General de Chiapas, apoyados por personal del Ejército y la Secretaría de Seguridad estatal catearon un par de viviendas en ese municipio como parte de las indagatorias para dar con los responsables del ataque a las fuerzas de seguridad y los ataques armados, donde incluso se ha reportado el uso de explosivos.
Hay asesinatos, desaparecidos y no hubo ninguna reacción del gobierno estatal, mucho menos del federal, pero ya se venía denunciado, ya se venía diciendo que hay violencia, hay narcos, hay sicarios. Ahora veo que se levantó el pueblo a defenderse, ahora que entra la Guardia Nacional y pues no sabemos quién con quién se está enfrentando, si es el pueblo, si con los sicarios o con la Guardia, ya no se sabe y es que cuando al gobierno se le sale de control o llega tarde, entonces, ya no se puede poner orden y ese es un gran problema”, lamentó el párroco Marcelo Pérez.
En contraste, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez aseguró que Chiapas es “de los mejores estados”, en el que, aseguró, mes a mes “va mejorando la seguridad”. Al acudir a la ceremonia de graduación de policías y entrega de equipamiento del martes pasado, la funcionaria sostuvo que en materia de seguridad el gobierno de Rutilio Escandón “lo están haciendo muy bien, y eso se debe a que el gobernador, la cabeza de esta entidad, no quita el dedo del renglón, está todos los días en las mesas de seguridad, en las mesas de paz, diario”.
Un fenómeno similar en el que se refleja el hastío de los pobladores con la actuación de grupos armados que se aprovechan de la situación ocurre en los municipios de Aguililla y Apatzingán dentro de la región de Tierra Caliente, Michoacán, donde desde inicios de este año comenzó un éxodo de sus habitantes hacia otros estados del interior del país, incluso varios optaron con buscar refugio en la frontera con la esperanza de recibir asilo del gobierno de Estados Unidos.
Desde abril pasado, activistas y sacerdotes de Aguililla denunciaron el desplazamiento de al menos mil personas de localidades como El Aguaje, donde tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el grupo denominado como Cárteles Unidos —que agrupa a integrantes de Los Viagras, el cártel de Tepalcatepec, y la Nueva Familia Michoacana, entre otros—, han protagonizado una cruenta disputa por el control territorial.
Apenas en junio pasado, el sacerdote de Aguililla, Gilberto Vergara reveló que tan sólo en el bimestre de abril-mayo habían registrado alrededor de 650 cartas de recomendación para solicitar asilo político por parte de personas que han sido amenazas directamente, así como de pobladores que han tenido que enfrentar los violentos enfrentamientos que sostienen los bandos de la delincuencia organizada. Según los datos de la parroquia que ha atendido las solicitudes de cartas, la mayoría de los solicitantes son mujeres y menores de edad.
En pie de guerra
En Aguililla, al igual que en Los Altos de Chiapas los constantes enfrentamientos, bloqueos y demás hechos de violencia suelen ser atribuidos tanto a grupos de la delincuencia organizada como a grupos armados autodenominados como “grupos de autodefensas”, de los que al contrario de lo señalado por el presidente López Obrador quien ha insistido que este tipo de agrupaciones no deben existir, la conformación de estos grupos armados es cada vez más frecuente y su surgimiento es tan diverso que abarca entidades como Guerrero y Veracruz, así como Guanajuato, San Luis Potosí o Sonora.
Precisamente el reporte de desaparición que se dio a conocer el pasado domingo 11 de julio, de Ángel Gutiérrez Aguilar, alias El Kiro, —uno de los presuntos fundadores y exintegrante del Movimiento de Autodefensa de Tepalcatepec— detonó una serie de acciones violentas que implicaron bloqueos a la carretera Tepalcatepec-Apatzingán y encuentros armados en varios de los puntos del municipio de Buenavista Tomatlán, luego de que se dio se señaló a integrantes del CJNG de haber sido quienes secuestraron a Gutiérrez Aguilar y su familia e incendiar el auto en el que se trasladaban.
Finalmente, el martes se informó que El Kiro y sus familiares fueron rescatados de una casa de seguridad en la cabecera de Buenavista.
›“En Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán están en plena guerra. Yo no veo a ningún político hablando al respecto, ni diputados locales, federales, ni electos... Buenavista esta sitiada, al sobrino de un compadre mío, que venia de cortar papaya, unos sicarios, no sé de qué grupo delictivo, aventaron una granada de fragmentación a la camioneta donde venían puros cortadores de papaya. Mataron a varios de ellos, hay varios heridos y uno de los muertos es el sobrino de mi compadre”, denunció hace poco Guillermo Valencia, excandidato del PRI al ayuntamiento de Morelia.
El también exalcalde de Tepalcatepec acusó que la situación actual de violencia en la región de Tierra Caliente,
“ya no se trata de una guerra entre carteles delictivos, eso ya es terrorismo. Se están metiendo con el pueblo, con un pueblo que no tiene la culpa de sus conflictos. Hoy la región de Tierra Caliente vive una de sus más difíciles etapas, yo quiero pedir que hagan algo, la gente esta con miedo, en Buenavista y Tepalcatepec las personas están encerradas en sus casas y los comercios no abren. Los grupos armados están en la plaza principal y la autoridad ¿dónde está?”, cuestionó.
Al cierre del primer semestre de este 2021, Michoacán volvió a colocarse entre las entidades federativas con más víctimas de “atrocidades” (masacres, asesinatos, mutilación, tortura y descuartizamiento, entre otras crueldades), de acuerdo con datos del registro que realiza cada mes la organización civil Causa en Común, y que ubicó a dicho estado con un total de 188 víctimas, superado únicamente por Jalisco y Guanajuato, con 445 y 422 víctimas respectivamente.
También está por encima de los casos de Chihuahua y Zacatecas, donde la pugna entre bandas delictivas ha dejado un saldo de 187 y 172 víctimas de atrocidades en cada uno de enero a junio.
