Estado mexicano acepta responsabilidad en caso Digna Ochoa
Se acordó reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte a la defensora
En una audiencia pública celebrada el 26 y 27 de abril, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad la muerte de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido.
Asimismo, en el marco del 141 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció su responsabilidad por la violación a su honra y dignidad, y por la falta de una investigación con perspectiva de género.
La Secretaría de Gobernación (SG) señaló que como muestra de que el Estado está a favor de los derechos humanos, aceptó todas las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un Informe de Fondo sobre este caso.
Agregó que con el Convenio de Reparación Integral será presentado a la representación de la familia de Digna Ochoa en días próximos, el cual contendrá doce líneas de acción de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Asimismo, como obligación y convicción del Gobierno de México, se acordó generar una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora Ochoa y Plácido, la cual incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, contando con la participación de la familia y la de su representación legal”, declaró la SG en su comunicado.
Vida y obra de Digna Ochoa
Digna Ochoa nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz, en una familia numerosa conformada por 13 hermanos.
En 1984 su padre, un líder sindicalista, fue detenido arbitrariamente y torturado, situación que la lleva a estudiar Derecho en la Universidad Veracruzana en 1984.
En 1991 viajó a la Ciudad de México, para unirse como abogada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH).
Uno de los trabajos más importantes de Ochoa fue lograr la libertad 1997 para siete jóvenes indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) arrestados, torturados y condenados por posesión de armas.
Además, participó en la defensa de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas de 1995, en la que policías del estado de Guerrero mataron a 17 campesinos; y en la masacre del Charco en 1998, en la que el Ejército ejecutó a 11 jóvenes, presuntos guerrilleros.
El 9 de agosto de 1999 fue secuestrada durante varias horas por sujetos desconocidos, quienes la ataron en su casa, la torturaron y le sustrajeron pertenencias.
Poco después, el Centro ProDH recibió en sus oficinas cartas con amenazas de muerte. Ante esto, Ochoa y sus compañeros buscaron obtener medidas cautelares para su protección.
Sin embargo, solamente la Corte Interamericana adoptó en 1999 medidas provisionales a su favor. La abogada tuvo que exiliarse en Estados Unidos entre 2000 y 2001, año en el que regresó a México.
El 19 de octubre de 2001, tan solo dos meses después de que se levantaran las medidas de protección, Ochoa fue hallada muerta a los 37 años en su despacho en la colonia Roma, en el centro de Ciudad de México, con un balazo en la cabeza y otro en la pierna.
La versión oficial de las instituciones de gobierno señaló que Ochoa se había suicidado a raíz de trastornos emocionales.
Luego de las quejas sobre la conclusión de las autoridades, la abogada de la familia aseguró que hubo “una actitud dolosa para manipular y callar las voces de exigencia de justicia”. DJ
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