Sin contar con una concesión, ni siquiera con permisos para ocupar y explotar predios no aptos para vivienda dentro de una zona federal marítimo-terrestre, un grupo de empresarios sacó provecho de un contrato de compra-venta que firmaron con el Instituto de Vivienda de Sinaloa (INVIES). El documento oficial los convirtió en dueños de cinco mil 995.76 metros cuadrados de terrenos propiedad de la nación, pagando tan sólo 122.76 pesos.
En el convenio, cuya copia tiene ejecentral, del 13 de mayo de 2013, María Hermila Márquez Rodríguez, quien presumió en los últimos cinco años su relación con el gobernador Mario López Valdez —quien sólo coincidió con la empresaria en tres ocasiones, aseguraron fuentes cercanas al exmandatario—, se hizo propietaria del predio ubicado en el lote número uno, manzana 188 en el puerto de Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa, para construir una vivienda, lo cual fue avalado por el entonces titular del INVIES, Jaime Romero Barrera.
Las partes convienen en el precio pactado (122.76 pesos) en este contrato es justo y equitativo y que en el presente no hay por parte de ellos lesión, dolo, error, violencia o algún otro vicio del conocimiento que pudiera invalidarlo❞, establece el documento.
Topolobampo se ubica a 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Los Mochis, y cuenta con varias playas con poca infraestructura turística, por lo que desde 2009, dentro del Plan de Desarrollo Urbano para el municipio, se definió que la bahía sería integrada a un polo de desarrollo turístico y social muy ambicioso. Es por eso que la apropiación de casi seis mil metros cuadrados, por parte de Márquez Rodríguez, representan una gran inversión a mediano y largo plazo, por lo que sólo pagó 0.02 centavos por metro cuadrado.
En entrevista con este semanario, Jaime Romero Barrera aseguró que no se trató de la venta de un terreno a un particular, sino de la regularización a favor de las personas que ya lo habitaban. El ahora exfuncionario exhibió un decreto publicado en 1990, en el que el gobierno de la República cedió los terrenos nacionales al gobierno del estado.
Sin embargo, el artículo cuarto del mismo documento sentencia que “a los terrenos aludidos no podrá dárseles otro destino distinto al solicitado”. En el mismo inciso del decreto, promulgado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se señala que después de cinco años de que entre en vigor, los terrenos que no se hayan utilizado para los fines establecidos serán reintegrados como bienes de la Nación, y no cedidos o vendidos a particulares. El terreno fue vendido por el INVIES hasta 2013, es decir este decreto es inaplicable, y porque adicionalmente en 2009 se actualizó el mencionado decreto, en el que ya se reconoció que esos terrenos no eran aptos para la construcción de viviendas, justificación que se plantea en el contrato por parte del instituto.
Romero Barrera precisó que en el contrato de compra-venta aparece un precio de 122.76 pesos, porque respondía a una “operación de regularización en beneficio para quienes ya tenían muchos años con dichas posesiones”. El monto, en realidad es simbólico. Sin embargo, dicho convenio, por el que Márquez Rodríguez obtuvo la propiedad de los terrenos no menciona la existencia de antecedentes de la titularidad de posesión en beneficio de la acreedora.
En sus registros, el INVIES establece que esa operación ampara la propiedad a favor de Márquez Rodríguez del lote 6, manzana 188, superficie 151 metros cuadrados por 122.76 pesos. Pagándose una escritura por 2 mil pesos y la cancelación de la reserva de dominio por mil 500 pesos. El decreto, sotuvo el exfuncionario, establecía que debían entregarse en forma gratuita, por ello se puso el monto correspondiente a dos salarios mínimos en 2014 para “gastos de administración”.
La cantidad de metros no corresponden a los que ampara el contrato que son casi seis mil. Ante el cuestionamiento, Romero Barrera aseguró que la encargada de promoción social del INVIES, Marissa Vega, le informó que los lotes 3 al 11 ”sufrieron una fusión integrándose al lote 1, y dando la superficie de 5,995.76 metros cuadrados”. Lo que significa una operación irregular que no se especifica ni en el contrato ni en los registros originales del Instituto.
Opera sin permiso
Al tratarse de terrenos ganados al mar y estar ubicados en una zona marítima propiedad de la nación, en los que ni el gobierno del estado o la administración municipal tienen facultades para comercializarlo u otorgar un número catastral, sólo es posible la explotación de particulares a través del otorgamiento de una concesión del Ejecutivo federal. En este caso, en un procedimiento irregular, en diciembre de 1990 dicho terreno fue otorgado por parte del gobierno del estado, mediante un “contrato de donación”, al Instituto de Vivienda.
En la operación de compra-venta celebrada en 2013, entre el INVIES y Márquez Rodríguez, el terreno recibió la clave catastral 01-188-001, y con ello quedó registrado, según las autoridades estatales. Desde 2014, la empresaria intentó en dos ocasiones obtener la concesión para la explotación del lugar, pero por no cumplir con todos los requisitos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó su trámite.
En una revisión del oficio con folio SIIZFIA/045/17-ZF, el acta circunstancia- da PFP/SINIAC.ZC/012-17 y en la resolución 412/2016, emitida el 26 de abril de 2016 por la Semarnat, se notificó la negativa de entregarle el título de concesión y explotación de los recursos naturales de la nación, por “no contar con los requisitos para darle un uso general, sitio de esparcimiento, sin construcciones cimentadas”, lo cual avaló la Dirección General de Zona Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.
Meses más tarde, el 5 de agosto de 2016, el terreno fue concesionado por parte de la Semarnat, única dependencia facultada para ello, a favor de la sociedad civil Corto-Geodesia de México, de acuerdo con el título de concesión DGZF-346/16, que aparece dentro del expediente 773/SIN/2014. Este permiso, con una vigencia de 15 años, le permite a un grupo de pobladores de la zona “desarrollar una marina turística”.
Sin embargo, con el contrato firmado con el INVIES, Márquez Rodríguez tomó el control del lugar y lo convirtió en un negocio de renta de espacios para yates, por el que llega a cobrar 700 mil pesos por cada embarcación.
La invasión del terreno, ha impedido, que los verdaderos concesionarios puedan explotar la marina.
Nosotros en 2016 recibimos una primera concesión de ese terreno para hacer uso por lo general, se le conoce para poder construir. En el 2017 recibimos la segunda concesión por otro pedazo de terreno para actualmente está por salir el estudio de impacto ambiental, y también se ingresó a la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), a lo que es Puertos el permiso para desarrollar obras dentro del mar”, aseveró a este semanario, Edgar Rubén Montiel Andrade, representante de Corto-Geodesia de México S.C.
Las acusaciones
A pesar de no contar con alguna concesión, María Hermila Márquez mantiene hasta la fecha invadido el terreno, y comenzó a construir una rampa de acceso a la marina, y una plataforma, lo que provocó un impacto ambiental en el ecosistema costero de Topolobampo, “afectando corrientes marítimas y su flujo natural causando un impacto negativo en los elementos físicos y biológicos”, según consta en la denuncia que Corto-Geodesia de México S.C., presentó ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sinaloa.
La empresaria, que ha sido cuestionada por la concesión minera que posee con su esposo, también fue denunciada por la Profepa ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la invasión o el despojo de un territorio federal. Esta denuncia en contra de Márquez Rodríguez también incluye el plagio del estudio de impacto ambiental que Corto-Geodesia presentó ante las autoridades para obtener la concesión para explotar el área como marina.
Pedimos la invalidez porque plagió la información de otros informes del estudio de impacto ambiental que ya se habían hecho porque el proyecto de ellos es pegar los dos terrenos, el que está explotando junto con lo que estaría en el agua, por eso estamos defendiendo, pedimos que se invalide el estudio de impacto que plagió de los mismos biólogos que hicieron el impacto ambiental de nosotros (…) La otra demanda vía Profepa se le está pidiendo que desaloje y si es posible una tercer demanda para hacerlo de manera penal”, detalló Edgar Rubén.
La querella se presentó en noviembre pasado por parte de la delegación estatal de Profepa, a cargo de Jesús Tesemi Avendaño Guerrero.
De mineros a marineros
María Hermila Márquez Rodríguez, de 59 años de edad, es originaria de Chihuahua, Chihuahua, al igual que su esposo Rodrigo Herrera Franco, dedicado al comercio y quien aparece como director general de Paradox Global Resources S.A. de C.V., (de la que Márquez Rodríguez es representante) y que está asociada con Paradox Xingye, S.A. de C.V., representada por el ciudadano de origen chino, Bo Yue.
En agosto de 2011 inauguraron la planta minera “María”, ubicada en el municipio de Choix, acto al que acudió el entonces gobernador López Valdez. El matrimonio invirtió 10 millones de dólares con una asociación de empresarios mexicanos y chinos que generó 280 empleos para los habitantes del municipio.
La mina al poco tiempo tuvo problemas económicos por la mala administración y el bajo precio internacional del hierro; cerró el 21 de enero de 2015, tras un derrame de químicos en el río Choix. Ni los pobladores afectados, ni 280 despedidos fueron indemnizados.
A pesar de las denuncias, Herrera Franco y Márquez Rodríguez, no han sido acusados por irregularidades en el cierre de esta empresa.
Trayectoria en ventas patito
A Jaime Romero Barrera, director del INVIES durante el sexenio de Mario López Valdez, se le identifica por la venta de terrenos del gobierno del estado, por debajo de su valor real.
De acuerdo a los informes oficiales, la Auditoría Superior del Estado descubrió que el ahora exfuncionario vendió dos terrenos de una hectárea al 20% de su valor real. El 30 de diciembre de 2016, señalan los documentos, unos terrenos ubicados en Mazatlán, que se calculaba su valor en más de 30 millones de pesos, fueron vendidos por Romero Barrera en apenas cinco millones 600 mil pesos.
Romero Barrera cuando fue director de vivienda durante la administración de Jorge López Sánchez, entonces alcalde de Mazatlán, sumó varias irregularidades en materia de vivienda, lo que provocó la suspensión de la cuenta pública del exedil.
Además, el extitular del INVIES, es señalado como socio de las empresas GSR y ARKO Consultores S.A. de C.V., por lo que ha incurrido en un probable conflicto de interés. El diario Noroeste reveló que en 2008, Jaime Romero fue cuestionado por el uso indebido de maquinaria al servicio de la Dirección de Obras del municipio de Mazatlán, que habría sido contratada por la constructora Arko Consultores para arreglar un predio de 140 mil metros cuadrados de su propiedad, en el que montaron el escenario para la Feria Ganadera.
En 2010, nuevamente ambas empresas se vieron involucradas en señalamientos por parte del órgano fiscalizador al no haber participado en un concurso de licitación para ejecutar las obras complementarias al programa de vivienda, como fueron la pavimentación de calles, la realización de plataformas e introducción de drenaje. Sumado a que se detectó la entrega irregular de casas a familias que no cumplían con los requisitos de la Comisión Nacional de Vivienda, por lo que la Auditoría Superior del Estado indagó la ejecución de las obras y la gestión de Romero Barrera.
