Ejército: ¿Leal o cómplice fiel de AMLO?

Con las celebraciones y la propaganda castrense del mes pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador muestra que avanza en la consolidación de un esquema de dominio apoyado militarmente a costa del debilitamiento del Estado mexicano y su frágil institucionalidad democrática. Apuntala un presidencialismo autoritario que, a diferencia de la hegemonía priista del siglo pasado, tiene de eje complementario a las Fuerzas Armadas del país y no a un partido político. Esto es producto entre otras cosas, de una lectura equívoca del significado del arreglo civil-militar que hizo posible la gobernanza mexicana en los últimos decenios.

La trascendencia de estos cambios con el protagonismo del Ejército, es apenas percibida por algunas de sus implicaciones en el análisis y debate públicos (ver Nexos 517, enero 2021). No así en la conciencia militar que, alejándose de sus definiciones y acotamientos constitucionales, ya se muestra faccioso en su apoyo a la persona de Andrés Manuel López Obrador (no a su investidura, a la Constitución y a sus instituciones) en cuanto a sus vagas concepciones ideológicas e identidades maniqueas y simplificadoras, pero con clara intención de poder: “Lejos de causar sorpresa o inquietud, debería causar certeza que las Fuerzas Armadas contribuyan al progreso del país participando en proyectos prioritarios.” luego de referirse a las bases de la (cuarta) “transformación” se afirma sin vacilación, que los militares “seguiremos respaldando las políticas que ha impulsado su gobierno.” (Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Luis Cresencio Sandoval, 9 de febrero. Subrayado mío).

El dato. Los militares mexicanos han optado por la fidelidad a la figura presidencial y no a la lealtad a las instituciones.

Responsabilidad cómplice

Bajo la coartada de una nueva estrategia de seguridad pública, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo reformuló el pacto político-militar del país, sino que restableció una singular Pax narca (que mostró parte de su rostro con el llamado Culiacanazo el 17 de octubre de 2019). Resultado de que el factótum castrense, por un lado aniquiló el componente civilista de la función policial, y por otro, anuló los controles legales y políticos sobre sus instituciones. Asimismo, en el manejo de la emergencia sanitaria por la Covid-19, se destaca el papel asignado a las Fuerzas Armadas, donde hay una clara responsabilidad en el saldo mortal de la que no pueden ni deben sustraerse. En ambos parámetros, el desempeño sólo puede calificarse de fracaso trágico: el resultado es de casi medio millón de muertos (421 mil 263) entre homicidios (71 mil 263 entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020) y exceso de mortandad por los efectos de la pandemia (350 mil decesos, según la estimación más reciente con base en datos oficiales que cuenta hasta diciembre del año pasado, e incluye el subregistro ya reconocido por el gobierno, El Universal, 17 de febrero).

El dato. El Ejército ya se ha mostrado faccioso en su apoyo a la persona de Andrés Manuel, no a su investidura.

Nuevos pilares de impunidad e inmunidad militar

El pacto de sometimiento civilista en el México de 1946 implicó una purga y recambio generacional de oficiales del Ejército y la Marina a partir de la prerrogativa presidencial de definir el ascenso a los altos rangos de mando en ambas instituciones. La regla escrita quedó plasmada en leyes y reglamentos sobre ascensos en ambos cuerpos gubernamentales.

En este sexenio, siguiendo una tendencia militarista, López Obrador ha modificado en forma negativa el pacto de subordinación histórico que hiciera posible la gobernanza del país en los últimos decenios. Con esto se ha dado paso al fortalecimiento de la autonomía militar de facto, de la que no hay precedentes en el país.

El aspecto de los ascensos y acceso a los mandos superiores que se definen a instancia presidencial y los que se deciden por los titulares de Defensa y Marina, ejemplifican una nueva deformación estructural. Entre el 2019 y 2020, el número de ascensos y promociones —cuyos requisitos en este sexenio tienden a hacerse laxos y a generar clientelas al interior de las dos secretarías—, fue de 13 mil 648 oficiales beneficiados. El presidente Obrador palomeó a 675 mandos superiores, y el resto fue prácticamente decisión interna de los militares.

Del mismo modo, la creciente elite castrense se extiende ahora hacia las estructuras gubernamentales y de responsabilidad en todo el sector de la seguridad pública, llámese Guardia Nacional (la cuarta rama militar de facto) o las policías estatales.

Por su parte, el caso Cienfuegos con la renuncia de la FGR de investigarlo debidamente y someterlo a juicio por las acusaciones de narcotráfico esgrimidas por la DEA, muestra el nuevo paradigma del arreglo político del gobierno: cobertura oficial (e impune) con garantías presidenciales al reintegrarlo como funcionario (asesor) del alto mando militar.

›Es evidente la displicencia presidencial en la renuncia (por ignorancia o voluntarismo) de ejercer su supremacía civilista. Del lado castrense (junto con los ascensos señalados), el nuevo escenario explica la concesión no sólo de asignar mayores presupuestos a las Fuerzas Armadas (como no ocurría antes y en detrimento de sectores como el de salud pública), sino el de establecer mecanismos de financiamiento autónomo para las mismas (p.ej., la administración aeroportuaria y ferroviaria tanto para Sedena como para la Semar, la gestión de proyectos de infraestructura o el manejo discrecional de abultados fideicomisos denunciado por la diputada Martha Tagle, Reforma, 8 de febrero).

El mensaje resulta claro: con los militares, todo; contra ellos, debido a su responsabilidad legal e institucional, nada ni nadie.

13,648 oficiales han sido beneficiados con ascensos y acceso a los mandos superiores. De ellos, 675 fueron aprobados de forma directa por el presidente.

Vacuna contrainsurgente, ¿solo electoral?

El nuevo entramado de la relación político-militar dibuja un sombrío panorama en contra, no sólo de un gobierno autoengañado y promotor de la opacidad que hace propicia la corrupción militar, sino por el debilitamiento de las capacidades de la función constitucional de defensa.

El papel castrense en la emergencia sanitaria muestra varias aristas. No sólo se trata de su papel en la infraestructura de respuesta ante la pandemia (la adecuación de los hospitales civiles, contratación de personal médico, etcétera.), sino del trasfondo de su participación en las brigadas de vacunación contra la Covid.

Es obvio el despliegue típico de inteligencia contrainsurgente, herencia de la guerra sucia y la lucha antiguerrillera de las décadas de 1960 y 1970 (acciones cívico-militares para conquistar mente y corazón de la población) que, integrando bases de datos georeferenciadas, avanzarán en una eventual estrategia de control social. El primer ensayo es electoral. Los padrones de beneficiarios de programas sociales que detenta el gobierno son deficientes y estructurados de modo clientelar y no sirven para una debida planeación de actividades de política pública. De ahí la burda maniobra de integrar cualquier tipo de información a partir de las acciones de vacunación emprendida por el gobierno con el apoyo de los militares. En este punto hay que recordar el frustrado intento del gobierno de apropiarse de la base de datos del padrón electoral que resguarda el INE: 94 millones 695 mil 296 registros ciudadanos (hasta el 31 de enero), con información biométrica y domiciliaria (cuya conformación es prácticamente de cien por ciento en cada uno de sus componentes).

Preferencia. La relación entre el Ejército y el presidente se ha fortalecido este sexenio, en el que muchas decisiones son favorables al cuerpo armado.

Lealtad o fidelidad

La lealtad propiamente dicha, implica un comportamiento basado en firmes principios de organización y un “deber ser” fundado en valores éticos y de legalidad que permiten contrastar órdenes o mandatos de autoridad advirtiendo, si es el caso, la congruencia o ilicitud de una orden o instrucción. La fidelidad, por el contrario, es incontrastable y gira solo en torno de la persona (titular de autoridad) que demanda y espera sólo incondicionalidad, independiente de la racionalidad o legalidad de sus pretensiones. Andrés Manuel López Obrador confunde deliberadamente ambas nociones y sólo espera lo segundo.

Los militares mexicanos son conscientes de esta distinción, pero han tomado partido por la fidelidad a la persona del presidente y no a la lealtad a las instituciones y al Estado de Derecho. Esto es comprensible desde la óptica del privilegio en que los ha colocado el presidente morenista. En lo que va de su gobierno y en más de una ocasión, tanto por su gusto escenográfico y proclividad a satisfacer

la grandilocuencia castrense, López Obrador ha demostrado su debilidad ante el boato y la lisonja militares. Ahí están las celebraciones en el Zócalo desde febrero del año pasado, la pantomima de un desfile sin público el 20 de noviembre, para la satisfacción del ego de un solo hombre, pasando por la foto (no) oficial en su despacho que sólo le permitió a los secretarios de Defensa y Marina, los discursos de complacencia y justificación recíproca en cada oportunidad que se presenta y que coinciden con la acumulación de poder de una casta militar emergente.

›Las expresiones recientes del general Sandoval muestran algo más al declararse promotor del proyecto de la Cuarta Transformación: el Ejército no le pedirá al gobierno una orden por escrito para reprimir protestas sociales (como lo ha exigido a los tres presidentes anteriores), porque lo hará en defensa de la patria y del pueblo (bueno) personificado en López Obrador… y los militares mismos. El instrumental está listo para después del 6 de junio. (Agradezco los datos de investigación del Mtro. Adán Bustamante).

*Especialista en Seguridad Nacional