Un tema que siempre suscita comentarios en la opinión pública es el referente a los ingresos públicos y su distribución.
En un País “federal” como el nuestro, las finanzas públicas son materia de responsabilidad de tres órdenes de gobierno, lo que se refleja en la distribución de competencias tributarias, que en nuestro caso, en el orden federal se concentra alrededor del 95 por ciento del poder recaudatorio, cuatro en el estatal y apenas uno en el municipal.
Esto muestra que existe una gran dependencia de las haciendas locales respecto de las transferencias de recursos federales, originados por el esfuerzo recaudatorio de este orden de gobierno: es lo que se ha llamado gasto federalizado, lo que incluye las participaciones, que son las compensaciones por haber dejado sus competencias en los impuestos más importantes al adherirse al sistema de coordinación fiscal desde 1980. Es lo que podemos llamar el Pacto Fiscal.
Este se intentó mejorar a favor de la descentralización en 2004, en la llamada Convención Nacional Hacendaria, sin embargo, todos los acuerdos de carácter legislativo, derivados de un consenso, se estancaron, no así los de tipo administrativo.
No ha cambiado la dependencia fiscal local y estatal, además con una formula rezagada que sigue profundizando las diferencias entre las entidades, al ser la distribución fundamentalmente por la población domiciliada.
Esto lo vemos en el comportamiento de los coeficientes de 2007 a la fecha: antes de que se cambiara la fórmula de distribución de participaciones a partir de 2008, los porcentajes del Fondo General eran hace once años, de 12.6 por ciento para el EDOMEX y para la CDMX de 12.4 por ciento, mientras que en 2018, ya fueron de 15.4 por ciento y 9.1 por ciento respectivamente.
Por el movimiento poblacional.
Un caso extremo ha sido Tabasco que en 2007 recibía el 4.2 por ciento de las participaciones y en 2018 apenas el 1.7 por ciento, sin haber tomado en ese tiempo medidas preventivas para ajustar su gasto. Por ejemplo, el número de empleados públicos, que duplica al de estados con incrementos en su coeficiente, ni para mejorar su esfuerzo recaudatorio, lo cual como se ha visto en otros, si se puede.
Desafortunadamente Tabasco es de los que menos recaudan y son más dependientes de los recursos federales, igual la mayoría del sur sureste. Eso ha dejado a los nuevos gobiernos de la región limitaciones presupuestarias y fortalece su dependencia fiscal.
A pesar de lo anterior, las participaciones están muy por encima de lo pagado el año pasado. Sin embargo, al recibir apenas la cuarta parte de la recaudación participable, estos recursos son insuficientes para inversión.
A julio, las cifras son alentadoras, ya que la misma creció 22.9 por ciento en términos reales respecto a 2018, por su componente tributario: el ISR se incrementó 20.3 por ciento y el IVA 16.4 por ciento; el IEPS 55.9 por ciento real, y aun el componente petrolero 7.9 por ciento.
Por ello, las participaciones aumentaron 22.2 por ciento respecto al año pasado y ello beneficia a todas las entidades, especialmente a estados como Hidalgo, Oaxaca, BCS y Guanajuato. Sin embargo, las estimaciones para este año quedaron 1.1 por ciento por debajo de lo programado. Sin embargo, se activó el Fondo de Estabilización y se les compensó.
En suma, esta dependencia limita a la fiscalización superior local, porque los ingresos propios estatales en promedio no rebasan el 10 por ciento, y algunos están por debajo del cinco. Por ello, los rubros más significativos del gasto estatal son los derivados de las transferencias federales, incluidas las participaciones.
Así las auditorias locales fiscalizan fundamentalmente gasto federal coordinado por la ASF, porque es tan limitado el ingreso local que no es significativo para la fiscalización.
