La efectividad en la justicia penal fue el factor más afectado durante la pandemia, al registrar descensos en 17 estados, revela el World Justice Project (WJP).
El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, que será presentado este miércoles, revela que se registró una baja en 17 estados en el Factor 8, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal.
“Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia”, señala el documento previo presentado por Alejandro González, director de Proyectos de Estado de Derecho en el WJP.
De acuerdo con la investigación, la falta de medidas de oportunidad y propicias de Justicia Abierta y Digital causaron un impacto en los sistemas de justicia penal, ya que se vieron limitado los accesos a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos, necesarios durante el confinamiento causado por la pandemia del virus SARS-CoV-2.
“La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesa de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias”.
Los tres estados que presentaron los lugares más bajos en el índice son Quintana Roo con 0.34, 0.35 en Puebla y Morelos con 0.36; mientras que Yucatán con 0.47, Coahuila con 0.45 y Campeche con 0.44, se colocan con las entidades con los más altos puntajes.
El en Índice de Estado de Derecho en México sobresalieron cuatro entidades que mostraron un progreso significativo en sus puntajes desde la primera edición en 2018: Baja California Sur, al pasar de 0.35 a 0.43; Guerrero, de 0.29 a 0.36; Sonora, de 0.36 a 0.40; y Nayarit, de 0.37 a 0.42.
Se debilitan contrapesos
El estudio también señala un debilitamiento en la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejada en la caída de los puntajes de la mitad de los estados de la República mexicana.
“La sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión y pese al deterioro de los mismos, por encima del poder legislativo y el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.
