A cinco años del destape de la llamada Estafa Maestra, en la que universidades públicas fueron utilizadas para un esquema de desvío de recursos federales, las instituciones de educación superior siguen siendo vulnerables a “ordeña” del presupuesto.
Un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que las leyes federales son ambiguas y propicias para la opacidad en las universidades, y la Secretaría de la Educación Pública (SEP) emite criterios poco claros para la distribución de los recursos.
En el documento Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2021, el órgano fiscalizador determinó que de los 5 mil 652.7 millones de pesos que no se han podido aclarar en los recursos que la Federación transfiere a estados y municipios, una sexta parte (937.1 mdp) corresponden a instituciones de educación superior.
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La mayoría de las anomalías se registraron en Coahuila (695.7 millones de pesos sin justificar), Chiapas (47.3 millones), Estado de México (45.2 millones), Campeche (31.2 millones) y Michoacán (29.5 millones).
En el ejercicio fiscal 2021, el programa “U006” (apoyo a instituciones de educación media superior y superior) se destinó a 499 beneficiarios por 99 mil 770 millones de pesos, de los que 125 son planteles de educación media superior cuyos recursos ministrados fueron de 22 mil 626.5 mdp y 374 planteles de educación superior que ascendieron a 77 mil 143.6 mdp.
Entre las principales fallas estructurales que hacen posible el desvío de recursos están, según el estudio de la ASF: pago de plazas o categorías no consideradas en la ley; pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados; pagos superiores a los recursos retenidos; pagos a personal comisionado al Sindicato sin autorización y pagos a docentes sin acreditar el perfil de puestos.
Sobre las fallas operativas, la investigación de la ASF detectó: Falta de documentación justificativa del gasto; personal que no acredita el perfil académico; recursos no comprometidos o no ejercidos sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación; falta de observación al tabulador de sueldos autorizados y pagos por conceptos no autorizados por la norma.
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