En la última semana todo ha transcurrido demasiado rápido en Ecuador. Pasó de tener un estado de excepción a calificar la situación como un conflicto interno armado, colocar objetivos criminales como terroristas, a detener a casi un millar de personas y a tramitar por ahora cuatro reformas ante la Asamblea Nacional, incluida el aumento del IVA a dos puntos, para enfrentar la crisis de seguridad, según dijo el recién estrenado presidente Daniel Noboa.
Así sin un respiro, la lista continúa. A pesar del despliegue y toma control territorial por parte de los militares, lo que incluye la protección de puntos críticos, la seguridad en Ecuador aún no está bajo control.
Aún se reportan problemas en los centros penitenciarios: desde la retención de guardias por parte de reclusos hasta la falta de control en algunos establecimientos debido a motines y fugas.
Además, persisten amenazas de bomba, crímenes y algunos robos en las ciudades. Y algo más, aunque el decreto que emitió Noboa declarando “Conflicto Armado Interno” coloca a los grupos delictivos y de crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales, habilitando al Ejército a utilizar fuerza letal, hasta ahora se han dado menos de una veintena de capturas de alto perfil, sin que hasta ahora quede clara la capacidad de fuego y operaciones de los grupos criminales.
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Pero toda esta movilización territorial de seguridad lleva en paralelo otras operaciones que intentarían ir a los más profundo del Estado ecuatoriano.
Por un lado, el Presidente inició las primeras reformas de un conjunto más amplio que busca modificar el modelo de gobernanza que ha funcionado en el país sudamericano hasta ahora, comenzando por el ámbito económico. Por otro lado, se dio a conocer la otra vertiente a mediados de diciembre, unas semanas después de que Daniel Noboa asumiera el cargo, aunque ya estaba informado sobre este asunto.
De acuerdo a la información recabada por ejecentral, esta primera acción no fue suficiente por el grado de penetración de los tentáculos criminales dentro del Estado, de allí que poco menos de un mes después, las Fuerzas militares debieran que tomar el control territorial e institucional ante el riesgo de que esos grupos generaran ingobernabilidad.
Toma de control
La desarticulación de las estructuras mafiosas arrancó con la Operación Metástasis, que arrojó más de una treintena de detenciones, que incluyó, entre otros, a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), otros jueces, policías y hasta Pablo Ramírez, exdirector del sistema penitenciario, donde se encontraba preso uno de los capos más poderosos de Ecuador, Leandro Antonio Norero Tigua, El Patrón, hoy muerto.
“Además, treinta y un personas fueron detenidas, entre jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, un general de Policía en servicio pasivo y el presidente del Consejo de la Judicatura quien –a la fecha de los hechos– se desempeñaba como Juez de la Corte Nacional de Justicia. Todos ellos habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas”, reportó la fiscalía el pasado 15 de diciembre.
Se mostraba, por primera vez, como estos grupos crearon empresas, lavaron dinero con obras públicas en complicidad con autoridades locales y federales.
Este paso de desmantelamiento del narco dentro de las instituciones lo dio la fiscalía a cargo de Diana Salazar, quien advirtió entonces que sus investigaciones habían revelado y confirmado esa incrustación criminal en el Estado ecuatoriano, por lo que ese primer paso podría provocar una posible “escalada de violencia” en los próximos días, por lo que el Ejecutivo se mantendría en alerta.
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Noboa, aún sin tomar el control presidencial conoció de las pesquisas y que incluso uno de los generales de la Policía Nacional había sido depuesto por estar implicado en el Caso Metástasis.
Pero esto iba más allá. El asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, en pleno proceso electoral, porque exhibió desde su trabajo periodístico y durante su campaña la corrupción política. De acuerdo a las revelaciones de la cadena de televisión ecuatoriana Ecuavisa, el grado de penetración de estos grupos permitió que Norero Tigua seguir a Villavicencio a través del sistema de emergencia del gobierno ECU 911, que logró monitorear su ubicación y era reportado al líder criminal, hasta que fue asesinado días antes de las votaciones y justo después de que publicara una foto en donde aparecen en una alberca, en Miami, Javier Jordán, Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo, entre otras personas, a quienes denunció de ser parte de una organización criminal vinculada a hechos de corrupción en el sector público, de acuerdo a la televisora.
Es así que esta cadena de acciones ahora tiene a Ecuador en una condición de estado de guerra interna.
“Para el presidente Noboa la toma de control del Estado era indispensable, su propia vida corría peligro y la gobernabilidad del país”, comentó un asesor de seguridad estadounidense que ha monitoreado el caso.
Pero esto apenas comienza. Para la reforma que planea Noboa necesita recursos y el apoyo social, también internacional, de allí que el anuncio de más reforma que deberá probar la Asamblea ecuatoriana y la próxima visita de los más altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos junto con el aceleramiento en el intercambio e información de inteligencia, es el siguiente paso en las operaciones para recuperar el Estado.
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