[caption width="702" id="attachment_696133" align="alignnone”] Foto: Archivo[/caption]
Redacción ejecentral
Javier Duarte de Ochoa huyó por Belice, es el último rastro que se tiene del gobernador con licencia de Veracruz.
Fuentes de primer nivel confirmaron a ejecentral que el último rastro que se tiene documentado del funcionario es que abandonó por tierra, junto con su esposa, el territorio mexicano, poco después de dejar el gobierno.
A inicios de esta semana, Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz reveló que Duarte de Ochoa había solicitado de la entidad a bordo de
un helicóptero desde el aeropuerto de Coatzacoalcos. Y aunque el propio Flavino fue la autoridad que facilitó dicha areonave, rechazó que hubiera ayudado a que el gobernador con licencia y su esposa pudieran darse a la fuga.
"Él (Duarte) pidió un helicóptero que lo trasladó a Coatzacoalcos, no recuerdo la matrícula, pero ya la PGR tiene una investigación. Lo pidió directamente al aeropuerto de Coatzacoalcos, pedí al aeropuerto que le dieran las atenciones de un gobernador porque yo no sabía que existía una orden de aprehensión, entonces él habló al aeropuerto lo pidió y se lo proporcionaron, de ahí ya no supe nada”, reconoció Ríos en entrevista con Grupo Imagen.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Javier Duarte
viajó por tierra hasta llegar a la frontera con Belice, apoyado por familiares y amigos muy cercanos.
Según
la información disponible, iba acompañado por al menos una persona más.
Llegaron hasta la frontera con Belice y cruzaron, durmiendo allí al menos dos noches y luego abandonaron dicho país.
El lugar al que llegaron después aún no ha sido confirmado por las autoridades y, desde entonces, no se ha comunicado con su familia.
Las autoridades tienen pendiente una orden de aprehensión contra Duarte de Ochoa por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, debido a que con apoyo de red de al menos 50 personas, entre familiares, amigos, colaboradores, funcionarios y exfuncionarios consiguieron desviar recursos del Estado, y enriquecer el patrimonio del funcionario por arriba de los 3 mil millones de pesos.