La inoperancia de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), deriva de un cáncer incubado a nivel administrativo. Las células hicieron metástasis en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
De acuerdo con cuatro auditorías internas hechas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) que ejecentral obtuvo vía transparencia, la extinta PGR aquejaba irregularidades que derivaron en pagos injustificados en servicios no otorgados; así como en falta de certificación en los servidores públicos y otras posibles irregularidades que en sumarían al menos 65.2 millones de pesos.
Según detalles proporcionados por las auditorías internas 1/2019, 3/2019, 4/2019 y 5/2019, a nivel administrativo las células cancerígenas se habían apropiado de la ahora FGR, por lo que la Función Pública concluyó que se deben reforzar los mecanismos de control interno existentes y supervisar a los servidores públicos asignados a operaciones y actividades.
Dinero suelto
En la SEIDO, la SFP halló que recursos decomisados al crimen organizado, resguardados en la bodega de indicios de la Subprocuraduría, por 100 mil 300 dólares y tres millones 12 mil 430 pesos que no fueron transferidos al Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), así lo estableció la auditoría 5/2019.
De la Dirección General de Apoyo Jurídico, la SFP dio cuenta de la pérdida de recursos. Se llevó a cabo el aseguramiento de 157 mil 591 dólares y ocho millones 780 mil 258 pesos que corresponden a los ejercicios fiscales de 2007 a 2016, pero no proporcionaron acuerdos de aseguramiento ni el destino final de los recursos.
También “se constató la existencia de vehículos cuyo ingreso data del año 2006 al año 2017, desconociéndose el estatus jurídicos en el que se encuentran”.
La SEIDO también suscribió el convenio PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/002/2018 por 13 millones 996 mil 627 pesos a H-11 DIGITAL FORENSICS, S. de R.L. de C.V. para adquirir equipo forense digital, pero no acreditó el registro de bienes en inventarios de activos ni asientos contables.
Gastos injustificados en renta
Luego de los sismos del 19 de septiembre de 2017, el entonces procurador Raúl Cervantes determinó cambiar de oficinas debido a los daños que presentó la oficina de Reforma 211. De acuerdo con la auditoría interna 01/2019, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó pagos injustificados en el mantenimiento de las oficinas de Privada Río Pilcomayo 169 e Insurgentes 20, por 19 millones 407 mil 766.132 pesos.
Además, se generaron pagos de mantenimiento innecesario por 247 mil 950 pesos, pues se omitió efectuar a tiempo los trámites administrativos para la entrega al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaavin).
En el informe de los primeros 100 días de gobierno, el fiscal Alejandro Gertz señaló que seis inmuebles de la Fiscalía fueron otorgados para su venta oficial en el Indaavin y terminaron por caer en manos de particulares, “lesionando gravemente el patrimonio de la institución”, sostuvo.
La Fiscalía General también falló en la aplicación de penas convencionales por 70 mil 898.03 pesos a la empresa Kone México, S.A. de C.V., para dar mantenimiento correctivo a siete elevadores pero, según lo expuesto por la SFP, “pudo haber incurrido” en la no entrega oportuna de los servicios. También se duplicaron cobros indirectos y se pagaron en exceso 148 mil 577 pesos por jornadas laborales.
La dependencia contrató, con el convenio PGR/LPN/CN/SERV/050-12/2017, a la empresa Concretech en la que se contrajeron compromisos para pagar seis millones 224 mil 528 pesos, sin establecerlos en el contrato modificatorio.
En la auditoría hallaron inconsistencias en pagos por dos millones 656 mil 308 pesos por el suministro de agua con 400 pipas a la empresa Concretech, sin que establecieran el servicio en el anexo del contrato.
En el caso de un contrato celebrado con la empresa Smart Filter Technologies la Función Pública advirtió que se exceptuó la licitación pública, pese a que el proveedor no acreditó estar en condiciones de dar el servicio, sumado a que no se encuentra en el Registro Nacional de Seguridad Nacional. “Asimismo, el servicio de instalación y mantenimiento contratado no guarda relación con el objeto establecido en la partida 35701”, concluyó la SPF.
Hubo 54 transferencias electrónicas por 106 mil 639 pesos para cubrir gastos operativos de las bases aéreas de la Fiscalía, depositadas a los encargados de ellas, pese a que los Lineamientos de Operación del Fondo Revolvente señalan que deben cubrirse con cheques nominativos.
La SFP observó falta de supervisión al mantenimiento de los bienes de seguridad institucional y protección civil en las instalaciones de la Base Aérea México, en Guadalajara. “La guarda y custodia están asignadas a la Delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco y en el predio conocido como la ‘Cuchilla’ no hay equipos de seguridad”, planteó.
A los hallazgos de la Función Pública se suma una supervisión y control en la dotación de combustible al parque vehicular de la Dirección de Servicios Aéreos con tarjetas electrónicas por 398 mil 454 pesos y vales de combustible por 369 mil 650 pesos, de las que faltó de proporcionar bitácoras de consumo de combustible, oficios de solicitud de dispositivo y de comisión que acreditaran su utilización.
En la Dirección General de Seguridad Institucional el reporte de las observaciones de la SFP señaló que 261 servidores públicos que integran dicha dirección, poco menos de la mitad, 126, no tienen en su expediente un documento que demuestre el Certificado de Evaluación y Control de Confianza vigente. “Se cuenta con personal que no cumple con el perfil requerido para ocupar la plaza”.
Sobre el parque vehicular, se advirtió que se utilizaron tarjetas IAVE para viajes injustificados. “Se detectaron 27 cruces carreteros en días festivos y 796 en fines de semana por un importe de 45 mil 794 pesos de los cuales no se mostró el soporte documental que justifique su asignación para el desempeño de actividades en tiempos oficiales”.
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