Directivos de la Cooperativa Cruz Azul, en la mira de la UIF
Un grupo de abogados que defiende a cooperativistas pide a la dependencia revise las operaciones financieras de los actuales funcionarios y sus familias, para determinar si sus bienes corresponden con sus salarios y trabajo en Cruz Azul
Este miércoles se presentó una solicitud de intervención ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a fin de que investiguen los movimientos financieros de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, actuales presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, quienes la semana pasada fueron denunciados por su probable responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta, delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con la denuncia presentada ayer por un grupo de abogados que representan a parte de los cooperativistas, ante la unidad que encabeza Santiago Nieto Castillo y a la que ejecentral tuvo acceso, dentro de la misma también se pide la intervención de la UIF para indagar sobre las operaciones de Juan Manuel Briseño González, quien se desempeñó como tesorero de la Cooperativa de 2003 a 2014, y fungió como director financiero entre 2014 a 2016; de María Alejandra Velázquez Paredes, extesorera general de la empresa desde el 2000 hasta 2019, y exintegrante del Consejo de Administración.
Otros los personajes de los que se pide a la UIF se revise sus finanzas, son Jorge Cruz Romero, entre cuyos cargos destaca como segundo vocal del Consejo de Administración; y Héctor Lara Avendaño, actual secretario del Consejo de Vigilancia que preside Víctor Manuel Velázquez.
El Dato. 114 millones de pesos es el probable desvío de la Cooperativa Cruz Azul.
Todos los mencionados fueron incluidos en las denuncias que el pasado 11 de agosto se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los delitos de administración fraudulenta y delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, tal y como adelantó este periódico en su reportaje Cruz Azul, el botín interminable, publicado el jueves 11 de agosto.
Con base en lo establecido en dichas denuncias, tanto José Antonio Marín como Víctor Manuel Velázquez y al menos otros nueve funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al hoy prófugo exdirector general de la Cooperativa Guillermo Billy Álvarez Cuevas, que desempeñaron o se ostentan en cargos dentro de los Consejos de Administración, de Vigilancia; así como de tesoreros o directivos comerciales y que en su momento no denunciaron el esquema mediante el cual se desviaron los recursos de los cooperativistas de manera sistemática durante al menos el periodo de 2011 a 2017 que abarca la denuncia.
Elementos para la uif
Parte de las pruebas que se incluyen en la solicitud de intervención a la Unidad de Inteligencia Financiera, que también se mencionan en las denuncias presentadas ante la FGR y la Fiscalía capitalina son actas de asamblea en las que queda constancia de que, aunque formaron parte de los órganos rectores y de supervisión de la Cooperativa y en consecuencia eran garantes del cuidado de los recursos de la empresa, los hoy imputados terminaron en convertirse en copartícipes del millonario desfalco al patrimonio de la Cooperativa que no denunciaron de manera oportuna.
De igual forma derivado de dichas actas de asamblea, las cuales se celebraron en distintas fechas desde 2012 hasta 2020, se da cuenta de los momentos en que los hoy denunciados fueron elegidos y rindieron protesta como integrantes y presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia, con lo cual se pretende probar que pese a tener pleno conocimiento de la red de lavado que se diseñó y ejecutó en menoscabo de los socios se mantuvo activa, incluso hasta su llegada a los puestos de dirección que a la fecha ostentan.
›Con esta nueva denuncia, la UIF que encabeza Santiago Nieto deberá ampliar las indagatorias que al menos desde el año pasado se han dirigido sobre las operaciones al interior de la Cooperativa, las cuales derivaron en que en mayo del año pasado se informó sobre el congelamiento de las cuentas bancarias de los hermanos Guillermo y José Alfredo Álvarez Cuevas; así como de su cuñado y exdirector jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo luego de que les fueron detectadas diversas operaciones posiblemente irregulares, en distintos países por varios cientos de millones de pesos.
Apenas en abril de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda confirmó la vigencia del congelamiento a las cuentas de Billy Álvarez, pues aunque el exdirectivo buscó ampararse, la resolución de un Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México negó en definitiva la suspensión para desbloquearlas, hasta en tanto “no se resuelva el juicio en lo principal” por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, y delincuencia organizada, mismos de los que ahora se indaga a los actuales funcionarios y directivos de la Cooperativa.
La nueva solicitud de intervención dirigida a Nieto Castillo expone: “solicitamos formalmente la intervención de esa unidad de inteligencia a su digno cargo, a fin de que se analicen hechos con apariencia del delito de delincuencia organizada, teniendo como fin o resultado cometer el diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita cometido en agravio de la Sociedad Cooperativa la Cruz Azul; a fin de que se analicen las conductas descritas, mismas que fueron llevadas a cabo por Juan Manuel Briseño González, María Alejandra Velázquez Paredes, Jorge Cruz Romero, Héctor Lara Avendaño, Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez”.
