Adán Augusto López llegó la tarde de este martes a la Cámara de Diputados sonriente, flanqueado por los coordinadores de Morena y el Partido del Trabajo, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña, con sólo un propósito: entregar el “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral.
“Se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros”, sostiene en las primeras páginas la iniciativa.
Casi al mismo tiempo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social libraba otra batalla, aunque menos compleja que la de la reforma electoral, la de la iniciativa en materia de vacaciones, que en caso de ser aprobada en el Pleno deberá ser devuelta al Senado para su ratificación.
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Su paso por comisiones fue sin complicaciones, y tiene como su cambio más relevante el que de los 12 días de vacaciones que corresponden al primer año laboral, seis deberán tomarse de manera continua y los seis restantes en acuerdo entre el trabajador y el empleador.
Con el “Plan B” como prioridad, la iniciativa acusa que en más de 30 años de existencia del INE, en lugar de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas y auténticas, ha convertido a “una élite académica en garante de abusos en el uso de gastos públicos y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales”.
Se señala al INE por derrochar recursos y de tener uno de los procesos electorales más costosos del mundo, detallándose que mientras que en 1999 se asignó un presupuesto de 13 mil 400 millones de pesos al entonces IFE e institutos locales, para el 2018 y los OPL recibieron en su conjunto un monto de 68 mil 300 millones de pesos, esto es, un aumento de 409%.
Van por cuatro leyes
Sin que le importara que Morena tenía abiertos dos frentes en el Congreso, el secretario de Gobernación cumplió con el encargo del Presidente, que días antes advirtió que enviaría al Congreso su “Plan B” en materia electoral. Si bien López Hernández dijo estar seguro de que esta segunda iniciativa respeta la Constitución “total y absolutamente”, reconoció que es probable que la oposición acuda a la Suprema Corte para impugnarla en caso de ser aprobada.
La iniciativa entregada por Adán Augusto López consta de 307 páginas, 631 menos que el dictamen de la reforma constitucional en materia electoral, y propone reformar cuatro leyes, tres de ellas generales: la de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Entre las modificaciones que propone este “Plan B” se encuentra el de eliminar las “sanciones, exorbitantes, desproporcionadas” por parte de la autoridad electoral y que llevarían en algunos casos a la cancelación de la candidatura y la pérdida de derechos.
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Se propone, a lo largo de reformar más de un centenar de artículos, que el INE sea la autoridad rectora del Sistema Nacional Electoral (SNE); se reducirán los tiempos de los procesos electorales, se simplificará la organización de los comicios y se compactará la estructura orgánica del Instituto y de los OPL. Adicionalmente, los Órganos Distritales ya no serán permanentes sino temporales, reduciéndolos de 300 a unos 260 durante periodo no electoral.
Se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos, que reportan, de acuerdo con la iniciativa, más de 270 millones de pesos.
Según el documento entregado a la Cámara de Diputados, todos estos cambios deberán derivar en un ahorro de cerca de 3 mil 605 millones 624 mil 298 pesos.
Ni críticas ni abuso de recursos
La propuesta establece que los legisladores que pretendan reelegirse, deberán separarse de su cargo “con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales”.
Y al mismo tiempo que se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, se obliga a todos los funcionarios del INE y el Tribunal a que sus percepciones salariales sean inferiores al salario del Presidente de la República.
También unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real.
Mientras que en el ámbito de la justicia electoral, que es señalada como “facciosa e ineficaz”, se propone una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la eliminación de la Sala Regional Especializada, entregándose la resolución de sus asuntos a una Sección Resolutoria de la Sala Superior del TEPJF.
En enfático, en tres artículos distintos, sobre la imposibilidad de que en la propaganda política que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas, “deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género”. Y va más allá, las autoridades podrán suspender de forma inmediata esos mensajes y los que “contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de éstos”.
También se señala que el INE no puede tener la facultad de sanción sobre conductas que no son de su competencia, como lo son las de tipo fiscal o administrativas, así como la posibilidad de que estas faltas sean vinculadas con otras de tipo electoral.
Aunque en los artículos transitorios se establece la aplicación de este decreto al día siguiente de su aplicación en el Diario oficial de la Federación, en el artículo cuarto se exime de este al proceso electoral de 2023, cuando se disputen las gubernaturas del estado de México y Coahuila.
