El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que tipifica la defraudación fiscal y la facturación de operaciones simuladas como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional
Con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, el dictamen reforma diversas leyes y códigos para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y a las empresas fantasma.
El dictamen señala que la expedición, venta, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas e inexistente se sancionará con una pena de entre dos y nueve años de prisión, cuando el monto defraudado supere los 7 mil 800 pesos.
La modificaciones y adiciones fueron a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Seguridad Nacional; así como a los códigos Fiscal de la Federación, Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal.
Con estos cambios, los legisladores prevén el endurecimiento de las acciones contra las más de 9 mil empresas “fantasma” dedicadas a expedir y enajenar facturas de operaciones falsas y cuyo desfalco al erario supera los 250 mil millones de pesos cada año.
Al momento se discuten las reservas. La diputada panista Mariana García señaló que las reformas al artículo segundo de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no son idóneas, porque comentó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con los elementos para ir por los evasores; aseveró que dentro de la modificación hay “objetivos ocultos”, como romper el secreto bancario y congelar cuentas.
“En parlamento abierto se puso de manifiesto que esta reforma es impugnable, que contraviene el principio de inocencia, de seguridad jurídica y del debido proceso, que implica una sobre regulación, porque hay disposiciones vigentes que sancionan la defraudación fiscal y la facturación falsa. No es una reforma idónea, porque la penalización no incrementa la recaudación. Hacemos un llamado a que se realice una reforma fiscal integral”, comentó la legisladora.
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