Diputados aprueban hasta 22 años de cárcel a quien ataque con ácido
Por unanimidad, diputados aprueban penas de siete a 22 años de cárcel a quienes ataquen con ácido a sus víctimas
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Víctimas para castigar hasta con 22.5 años de cárcel a las personas que recurran al ácido para atacar a sus víctimas.
Con 453 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avaló una pena de siete a 15 años y una multa de 300 a 700 días cuando los ataques sean con ácido, álcali o cualquier sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.
La reforma establece que cuando la agresión afecte la cara, cuello, brazo, manos o los órganos sexuales de las víctimas, las condenas alcanzarán los 20 años de prisión.
Sin embargo, al tratarse de ataques contra mujeres, personas con discapacidad o menores de edad, la pena será mayor y alcanzará los 22.5 años de cárcel; además, en caso de afectar órganos vitales, se calificará como tentativa de homicidio o feminicidio y las penas serán de 40 años.
Previo a la votación, la diputada de Morena Anahí González señaló la falta de un banco de datos respecto a las víctimas de ataques con ácido, aunque recalcó que existe evidencia de cuando menos tres mil 354 agresiones en los últimos 12 años, la mayoría de ellos perpetrados por hombres.
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Entre los casos más conocidos destacan los de Carmen Chávez, Esmeralda Millán, Ana Elena Saldaña y la saxofonista María Elena Ríos, impulsoras de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado de la República.
En tanto, las modificaciones al Artículo 36 de la Ley Federal de Víctimas, establece la garantía de ofrecer cirugías reconstructivas a las personas que sean agredidas con ácido o alguna sustancia corrosiva.
Durante la sesión del 9 de marzo en San Lázaro, además de las penas por ataques con ácido, los diputados también aprobaron otra reforma al Código Penal Federal para sancionar con 12 años de cárcel a los funcionarios públicos que entorpezcan las investigaciones y la procuración de justicia en casos de feminicidio. EJ
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