La campaña de vacunación del gobierno federal contra la Covid-19 incurren en tres delitos, así lo aseveró Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, quien presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gabinete de salud.
El legislador del blanquiazul refirió en la demanda que se han detectado “conductas negligentes y omisiones” por parte del mandatario pero también de Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar; Gabriel García Hernández, coordinador general de los programas para el Desarrollo; delegados estatales, coordinadores regionales y los más de 19 mil “siervos de la nación”.
Para el diputado panista, los personajes referidos han incurrido en uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda del gobierno con fines de promoción personalizada y en el uso de padrón electoral en la campaña de vacunación.
En este sentido, preciso que los “servidores de la nación” difunden propaganda electoral de Morena durante las labores censales que hacen con el afán de identificar a un sector de la población que está dispuesta a ser vacunada, el cual coincide con los beneficiarios de los Programas del Bienestar, recalcó.
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Señaló que de esta forma, más de 33 millones de personas están expuestas a este tipo de propaganda electoral.
Esta situación, añadió Ramírez Barba, violenta lo establecido en el artículo constitucional 134, en donde se precisa que todos los servidores públicos deben garantizar la aplicación imparcial de los recursos públicos. Además de ir en contra de la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual impide la utilización de los programas sociales con fines electorales.
Cabe señalar que ante este tipo de señalamientos, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, ha declarado que la labor de los “siervos de la nación” en el Programa Correcaminos, que forma parte de la campaña de vacunación, es parte de la estrategia del gobierno federal con la cual se busca darle celeridad al proceso, y ha descartado un uso político y electoral de cara al próximo 6 de junio. GA
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