El presidente iraquí puso el jueves su dimisión sobre la mesa explicando que se niega a proponer al parlamento el nombre del candidato del bando pro-iraní para el puesto de primer ministro, agravando un poco más la crisis política en el país.
Diciéndose garante de la “integridad” y la “independencia” del país, Barham Saleh -un kurdo proveniente de un partido tradicionalmente cercano al vecino iraní, pero que desde el inicio de la protesta social resiste a los abucheos de la calle- envió una carta al parlamento.
El presidente dijo que estaba “dispuesto a dimitir” ya que, considera, la Constitución le obliga a proponer al parlamento el candidato de la “mayor coalición” en el parlamento. Ese título está en este momento en manos del grupo liderado por los paramilitares pro-Irán, aunque está en disputa con otras fuerzas.
“El presidente no tiene el derecho constitucional de oponerse (...) así que anuncio aquí que estoy dispuesto a dimitir ante el parlamento”, afirma Saleh en la carta.
Desde que el primer ministro Adel Abdel Mahdi dimitió a finales de noviembre, tras haber sido abandonado por el gran ayatolá Ali Sistani, figura tutelar de la política iraquí, los pro-Irán presionaban para que el ministro dimisionario de Enseñanza Superior lo reemplazara.
Al no ser capaces de imponérselo a Saleh, quien señaló que su designación alimentaría aún más la cólera de las calles, ahora tienen un nuevo candidato.
“Assaad el iraní"
Se trata de Assaad al Aidani, gobernador de Basora, que ya se distinguió en verano de 2018 al bajar personalmente de su convoy para pelearse con manifestantes en la gran ciudad petrolera y segunda urbe del país.
“No queremos a Assaad el Iraní", corean los manifestantes en Kut, ciudad del sur, mientras que en la plaza Tahrir de Bagdad, inmensos retratos de este antiguo opositor a Sadam Husein, durante un tiempo refugiado en Irán y después detenido varios años en los calabozos del dictador, se despliegan tachados con una gran cruz roja.
Los manifestantes rechazan a los políticos que emergen de la actual clase dirigente y piden líderes independientes, de preferencia tecnócratas que no hayan participado en un ningún gobierno desde 2003, cuando fue derrocado el dictador Sadam Husein tras una ofensiva militar estadounidense.
Desde principios de octubre reclaman en la calle una reforma total del sistema de repartición de los puestos en función de las etnias y las confesiones, y la renovación de la clase política.
“El gobierno es rehén de los partidos corruptos y de las divisiones confesionales. Vamos a seguir protestando”, prometió Sattar Yabbar, manifestante de Nasiriya.
“Seguiremos pese a la represión de las autoridades y de los hombres armados de las milicias”, aseguró a su lado Ali Jihad, otro joven protestando en esa ciudad, donde los manifestantes volvieron a prender fuego a la sede del gobierno, como ya hicieron hace algunas semanas. En Diwaniya, quemaron el lugar de reunión de una milicia favorable a Irán.
Intimidación y bloqueos
Desde el 1 de octubre, este movimiento popular ya ha cobrado unos 460 muertos y 25.000 heridos. A partir de diciembre, la violencia en las calles y los disparos contra las manifestaciones se redujo dando paso a una intensa campaña de intimidación.
Varios activistas han sido asesinados, casi siempre por disparo de balas y generalmente en plena calle. Decenas han sido secuestrados, generalmente cuando volvían a casa tras tomar parte en las protestas, en ocasiones incluso dentro de sus propios domicilios.
Esta campaña, acusa la ONU, está promovida por “milicias” que quieren acallar una revuelta inédita por su espontaneidad y porque está protagonizada mayoritariamente por jóvenes.
Estos últimos, que suponen el 60 % de la población, exigen representación en unas instituciones gobernadas por autoridades envejecidas cuyos líderes se niegan a dejar paso a las nuevas generaciones.
