El largo periodo de transición ha dado margen para que algunas promesas de campaña y anuncios del nuevo gobierno muestren sus matices, contradicciones o inconsistencias. La reducción de las oficinas de comunicación del gobierno federal bajo la consigna de la austeridad, no es la excepción. Esta semana, el futuro titular de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, da nuevas noticias al respecto.
Entrevistado por Proceso, el morenista anunció que su oficina “absorberá áreas de la Secretaría de Gobernación, como Radio Televisión y Cinematografía (RTC)... Y se analiza la posibilidad de atraer también la Subsecretaría de Normatividad de Medios (SNM)”, para lo cual “se reformaría la Ley Orgánica de la Administración Pública”. La razón, explica, es que esta última “en manos de Gobernación se convirtió en un instrumento de control político”.
La 4T no se anda por las ramas y, en materia de comunicación gubernamental, va por todo. A su favor juega la evidencia del exceso, manipulación e irracionalidad peñanietistas en cuanto a la publicidad oficial, que justifica casi cualquier ocurrencia que aluda al cambio. Pero hacer de la oficina de prensa presidencial un órgano regulador de los medios y la industria de radiodifusión, es un retroceso insólito ¿Acaso del mismo escritorio saldrán los boletines de prensa y las sanciones?
El vocero afirma que los gobiernos anteriores ejercieron desde Gobernación un control político sobre los medios. Es una verdad a medias como toda generalización. No siempre ha sido así. Estuve varios años a cargo las dos áreas que él menciona y el marco jurídico se aplicó en la medida de las capacidades institucionales, sin objetivos de control político. Además, la asignación de publicidad oficial se decide, desde hace décadas, en la misma oficina que ahora él va a dirigir en la Presidencia.
Pero más allá de eso, preocupa el plan de acumular en la CGCS el cuidado de la comunicación y la imagen del Presidente, su relación con la prensa, la compra de publicidad y las funciones normativas y regulatorias que hoy realiza Gobernación. Vaya que eso sí sería una súper instancia, que no podría tener otro objeto que el intento de control político de la comunicación y los medios en el país, desde una oficina en Palacio Nacional.
Actualmente, entre sus atribuciones, RTC aplica disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tales como ordenar, administrar, monitorear y sancionar la transmisión de los tiempos oficiales y los encadenamientos en las emisoras de radio y televisión; autorizar y supervisar la transmisión de diversos contenidos; verificar que las transmisiones radiodifundidas cumplan con la clasificación asignada; imponer sanciones por el incumplimiento de lineamientos que regulen la programación, entre otras que involucran hasta la exhibición de películas en los cines.
Esas disposiciones legales tienen efectos en las concesiones para operar estaciones de radio y televisión, y obviamente, en decisiones de negocio de las empresas concesionarias. Sería absurdo que en el futuro las ejerza la CGCS. Será como entregarle un garrote y un block de multas a quien tiene encomendadas la buena imagen del titular del Ejecutivo y su buena prensa.
El vocero de AMLO se ha referido antes, con razón, a dos disfunciones de la relación de los medios con el gobierno que, coincido plenamente con él, han atrofiado la consolidación de la democracia en México: “la subordinación” y “la paradoja del poder de los medios sobre el poder público”. Sería muy alentador que el nuevo gobierno garantice una verdadera representación del interés de la sociedad en esa difícil relación. Lamentablemente, el camino que se anuncia hasta ahora no anticipa funcionalidad y mucho menos cambio democrático.
