La investigación de Elva Mendoza y Alejandra Xanic, publicada recientemente, evidencia que el Sistema DIF de al menos nueve estados envía a centros para el tratamiento de adicciones, también conocidos como anexos, a población con alguna condición de vulnerabilidad, léase infantes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Por cada persona canalizada el organismo, encargado de proteger y restituir los derechos de la población víctima de violencia, orfandad o abandono, paga entre dos mil y 15 mil pesos mensuales a los establecimientos.
Aunque hay registro de que esto ocurre desde 2009, la práctica podría ser anterior, y se desconoce aún la dimensión del fenómeno que se replica también a nivel municipal, como revelaron las periodistas.
Esto debería conducir a una revisión detallada del DIF y sus áreas; sin embargo, y pese a la gravedad del caso, las autoridades se han mantenido en silencio. Ni el DIF Nacional, en manos de Nuria Fernández, ni el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda, se han pronunciado.