La CNDH solicitó al director general de Derechos Humanos de la Sedena, general José Carlos Beltrán, la implementación de medidas cautelares en favor del periodista, Jesús Aranda Terrones y del diario La Jornada con el din de evitar daños al derecho a la libertad de expresión y derecho a la información. A través de un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisó que las medidas solicitadas consisten en que la Sedena asegure a los medios informativos y reporteros acreditados a la dependencia se les invite a los actos organizados por la misma y se les garantice el acceso sin distinción alguna. Asimismo evitar que servidores públicos de ese instituto nieguen el acceso a los representantes de los medios de comunicación a los actos que se realicen en las instalaciones de la secretaria, conforme a los procedimientos establecidos para todos. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General, comunicó al general Beltrán sobre el escrito de queja presentado por le agraviado, a quien se le impidió abordar el autobús que conduciría a los comunicadores a la inauguración del “Congreso Internacional sobre Obesidad y Diabetes” el pasado 24 de mayo, pues un oficial le indicó que no podía acompañarlos porque no había sido invitado, eran ordenes superiores de la dirección general de Comunicación Social de la Sedena. CNDH le hizo saber también que desde enero ni el diario ni el reportero han recibido invitaciones y comunicados sobre las actividades de la Sedena. Y refiere el texto “Lo que dificulta que los eventos organizados por dicha dependencia reciban la cobertura de medios de comunicación, garantía de toda sociedad democrática, por lo que es necesario implementar a la mayor brevedad las acciones necesarias para que dicho medio de comunicación y sus periodistas acreditados puedan cubrir tales eventos, y los lectores recibir la información que corresponda”. El organismo destacó que si prejuzgar sobre el fondo de los hechos, considera que de no tomarse las medidas pertinentes, los actos pueden volver a ocurrir lo que afectaría a la libertad de expresión tanto de Aranda Terrones como de La Jornada y sus lectores. Las medidas cautelares deberán realizarse durante el tiempo que resulte necesario, y en ellas se solicita al director general de Derechos Humanos de la Sedena que informe al organismo nacional, en un plazo máximo de 72 horas, respecto de la aceptación de las mismas y sobre las actividades que se han realizado para su cumplimiento. De igual manera, advirtió que observará la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
22 de Diciembre de 2024
