Las luchas de los habitantes de los pueblos originarios en América no han terminado, y aunque en varios países se han reconocido y honrado sus saberes, cultura y modos de vida, a 529 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente, los descendientes de la conquista han tenido que hacer de cada día una batalla por sobrevivir.
Tal es el caso de México, en donde las comunidades chontales, mayas, tzotziles y tzeltales entre otras, han denunciado de varias formas la amenaza que significa el Tren Maya en el sureste del país. El proyecto no ha sido totalmente transparente, y entre las principales irregularidades que denuncian se encuentra la consulta hecha a modo y la omisión del impacto ecológico, un factor fundamental para la agricultura y supervivencia de dichas comunidades. Hasta el momento, el proyecto ferroviario ha seguido adelante.
En la región de Ayutla Mixe, Oaxaca, la vida para las comunidades ayuujk significa escasez de agua desde hace al menos cuatro años, ya que en junio de 2017, un grupo armado tomó control del manantial del que se abastecían, lo que ha generado una larga disputa legal que pese a contar con el fallo a favor de las comunidades por parte de un juez federal, no se ha resuelto, ya que el gobierno del estado ha reprimido y hostigado a los demandantes e incluso se les ha perseguido por delitos sin pruebas.
Pero los problemas de los primeros pobladores no se limitan a México; la lucha de las etnias en la selva amazónica es una de las más importantes en el mundo, ya que ellos no están defendiendo únicamente su hogar, sino uno de los principales pulmones del planeta. El Amazonas ha registrado una severa disminución en su extensión avalada por el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, quien en diversas ocasiones ha mencionado su intención de abrir el espacio para la minería y la maderería. Los habitantes no sólo no son prioridad para el ultraderechista: son un obstáculo para lo que él considera desarrollo, y varias veces ha declarado que deberían asimilarse al modo de vida de las ciudades modernas.
Chile es otro de los países que ha tenido una política poco tolerante y paternalista contra las etnias, ya que este martes, el presidente Sebastián Piñera, decretó la militarización de la región en el sur, que se encuentra en conflicto con indígenas mapuches que exigen la devolución de las tierras que les fueron saqueadas. “Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”, aseguró, dando entrada al cuerpo militar chileno al territorio mapuche.
Sin oportunidad. Comúnmente sometidos a violaciones de sus derechos, los pueblos originarios suelen ser reprimidos o ignorados al manifestarse.
