Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó la detención de dos coroneles y 13 militares acusados de 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe.
Los hechos pertenecen al caso de ejecuciones de civiles conocidas como “falsos positivos”, por el que la semana pasada se acusó a 10 miembros del Ejército y a un civil.
“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por falsos positivos en la Costa Caribe, dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa (que tiene sede en Valledupar, en el noreste)”, dijo el magistrado Óscar Parra.
De acuerdo con la JEP, se encontraron “patrones de macrociminalidad” en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de “muertes en combate” y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.
La Jurisdicción afirmo que “estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con miembros de grupos paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”.
Los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, así como el resto de implicados fueron declarados máximos responsables e imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio.
De todos los asesinatos, 75 ocurrieron bajo el mando de Hernán Mejía, quien ya fue condenado por la justicia ordinaria en 2013 por nexos con el paramilitarismo, justamente por casos relacionados con los “falsos positivos”, y 52 bajo el de Figueroa Suárez, que no ha comparecido a las citaciones de la JEP.