Las instituciones de educación media superior y superior son un “agujero negro” del presupuesto público por el que se fueron en 2022 más de dos mil millones de pesos.
De acuerdo con la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública de 2022, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las universidades públicas estatales no lograron comprobar mil 695.6 millones de pesos, mientras que las preparatorias y bachilleratos presentan anomalías por 415.7 millones de pesos, lo que da un total de dos mil 111.3 millones de pesos pendientes de recuperar.
Así, el ramo educativo se mantiene como uno de los principales focos rojos por las irregularidades en el manejo del gasto federalizado, como se le denomina a la bolsa que el gobierno federal destina a estados y municipios.
Desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la ASF ha llamado la atención sobre el desaseo con que se manejan los recursos en las instituciones educativas, pero no se han solventado las deficiencias. Como se recordará, las universidades públicas estatales formaron parte del esquema de desvío de recursos denominado Estafa Maestra.
Al identificar las principales fallas que hacen perdedizo el gasto dirigido a instituciones de educación media superior y superior, el órgano fiscalizador refiere que existen pagos excesivos en sueldos, prestaciones o estímulos que no son financiables con el fondo o programa, conceptos no autorizados por la dependencia normativa, pagos de nómina no autorizados, pagos de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa, personal que no acredita el perfil y recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa.
Al presentar su informe de resultados ante la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, informó que en la segunda revisión a la Cuenta Pública del cuarto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se detectaron posibles irregularidades por 7 mil 175 millones de pesos, de los cuales mil 386 millones fueron recuperados, por lo que quedan 5 mil 788.1 millones pendientes de solventar.
La segunda entrega consta de 708 informes individuales sobre auditorías realizadas a entes públicos federales, estatales y municipales que ejercieron recursos del presupuesto federal; en total, la revisión a 2022 está integrada por 2 mil 125 auditorías y el resultado final será presentado en febrero de 2024.
De los 5 mil 788 millones que quedan pendientes por solventar, 4 mil 664.9 millones corresponden al gasto federalizado (80% del total), por lo que las administraciones estatales y municipales siguen siendo las instancias con mayores problemas para ejercer con transparencia y pulcritud los recursos públicos.
En el informe presentado hoy en San Lázaro destaca que las dependencias con los montos más elevados sin solventar son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Bartlett, con irregularidades por 478.6 millones de pesos; en segundo lugar está la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que dirige Jorge Nuño, con 132.6 millones sin comprobar.
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