Al menos 242 personas que trabajaban en dependencias públicas se dieron de alta en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; y con ello, cobraron ilegalmente 5.1 millones de pesos.
Al mismo tiempo, 372 personas que sí estudiaban y que además ya recibían becas del gobierno federal se dieron de alta en el programa; con lo que cobraron de manera ilícita 4.4 millones de pesos.
De acuerdo con la segunda entrega del informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2022, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los mecanismos de control y vigilancia de la Secretaría del Trabajo no están garantizando que los beneficiarios del programa sólo sean los jóvenes que no estudian ni trabajan y que se están capacitando como aprendices, tal como lo indican las reglas de operación.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) tiene como objetivo “incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, propiciando la vinculación de los mismos con unidades económicas dispuestas y con posibilidad de brindarles capacitación en el trabajo”. Cada beneficiario recibe una beca de seis mil 310 pesos mensuales mientras se mantenga activo en su capacitación
Las reglas de operación del programa establecen la elaboración de un escrito bajo protesta de decir verdad con el cual los solicitantes declaran no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo no siempre tiene la certeza de que los beneficiarios están siendo honestos.
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Para cerciorarse de que los jóvenes no estén “dobleteando”, la ASF sugirió a la Secretaría del Trabajo cotejar la lista de participantes del programa JCF con el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar en cuatro entidades: Michoacán, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.
El ejercicio arrojó que había 278 beneficiarios con pagos por 3.9 millones de pesos; que también recibían la beca educativa del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro; los restantes 94 beneficiarios, con pagos por 504 mil pesos, recibían la beca para el bienestar Benito Juárez.
Al realizar la misma dinámica con las bases de datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se identificó que había 242 servidores públicos que cobraron 5.1 millones de pesos; a pesar de la irregularidad, el programa JCF no dio de baja a los beneficiarios.
Además de los “cachirules”, la ASF identificó que la STPS no reportó el extravío de 355 tarjetas bancarias para que se cancelaran y reexpidieran; no gestionó la desvinculación de los beneficiarios del programa de las cuentas bancarias de cinco mil 491 tarjetas no entregadas; no supervisaron que los Acuerdos del Comité Técnico del programa se publicaran en la página de internet, y que los expedientes de los beneficiarios se integraran con los requisitos y documentación de acuerdo con la normativa del programa.
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