Desechan amparo de Cabeza de Vaca contra proceso de desafuero
CIUDAD DE MÉXICO, 22MAYO2019.- Alberto Montoya Martín del Campo, Subsecretario de Energía, asistió a la presentación de la Revista Pétroleo&Energía 2019, en Expo Santa Fe, con un reconocimiento especial a los referentes en el sector petrolero. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
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Francisco García Cabeza de Vaca consideró que la Cámara de Diputados extralimitó sus facultades para procedimientos como estos
El amparo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca había promovido contra su proceso de desafuero, el cual fue aprobado en la Cámara de Diputados, fue desechado por un juez federal.
De acuerdo con García Cabeza de Vaca, la autoridad responsable, es decir, la Cámara de Diputados, extralimitó sus facultades constitucionales para procedimientos como estos.
Sin embargo, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa determinó que el procedimiento que el gobernador de Tamaulipas busca no es procedente dentro de un juicio de amparo, pues busca frenar una decisión conferida exclusivamente a dicho órgano legislativo.
“Este órgano de control constitucional observa que la Litis planteada por la parte quejosa no es procedente en el juicio de amparo, dado que pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente”, apunta el acuerdo.
Fue el 23 de febrero que la Cámara de Diputados notificó a legisladores en torno a la declaratoria de procedencia contra el mandatario estatal por parte de la Fiscalía General de la República.
En el documento, se señala que García Cabeza de Vaca es investigado por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación equiparada.
Hace unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó a México, de acuerdo con la FGR, información que implica posibles responsabilidades penales contra el gobernador y sus hermanos.
Se trata de irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que podrían constituir nuevas pruebas contra el mandatario y que serán integradas a la carpeta de investigación. CJG
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