La práctica de desaparición forzada ha proliferado a tal grado entre grupos criminales que hoy no es posible siquiera saber el número real de homicidios en México, advirtió el investigador Carlos Pérez Ricart, especialista en seguridad y delincuencia organizada.
Las técnicas varían y se difunden con facilidad, éstas van desde la disolución de cuerpos en barriles de ácido, sosa y otras sustancias, hasta el uso de hornos clandestinos de ladrillo para quemar restos humanos”, dijo el analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) al participar en un seminario sobre personas desaparecidas organizado por El Colegio de México.
A unos días de que sé a conocer el censo de personas desaparecidas que elaboró el gobierno federal, los participantes en el foro coincidieron en que la cifra real de desaparecidos es difícil de saber, ya que hay intereses políticos que impiden que la base de datos se actualice.
“Hay una serie de silencios institucionales ante una política pública emprendida por el gobierno federal para reducir las cifras de desaparecidos con fines electorales, porque no hay una intención de resolver el fenómeno”, dijo Jacobo Dayán, investigador de la UNAM y especialista en eventos de macro criminalidad en México.
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Entre dichos silencios, el especialista citó a la senador Olga Sánchez Cordero, quien al inicio del sexenio tenía el encargo de poner fin a la crisis de desaparecidos; Alejandro Encinas, quien abandonó la comisión de verdad y justicia para ir al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, y la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia.
El seminario de El Colegio de México se produce a unos días de que el gobierno federal dé a conocer un nuevo censo sobre personas desaparecidas en el país.
El nuevo conteo se elbora a raíz de la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), en agosto pasado, luego de que se incoformara ante la intromisión del Ejecutivo federal para matizar la cifra real de desaparecidos.
Oficialmente, se estima que en México hay 113 mil 081 personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría de ellas ocurridas de 2006 a la fecha, aunque la propia Karla Quintana admite que hay un importante subregistro, ya que no se tiene una cifra real sobre la desaparición de migrantes, además de que las familias no siempre confían en las autoridades para reportar a una persona ausente.
Al participar en el semario, Quintana evitó pronunciarse sobre el censo que elabora el gobierno federal, pero sí señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido omisa en crear el Registro Nacional de Fosas (comunes y clandestinas) y el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas.
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