Desaparecidos en México, una deuda pendiente

El 5 de noviembre de 2021 se cumplieron 17 años desde que Silvia Ortiz vio por última vez a su hija, Fanny, quien fue secuestrada en calles de Coahuila.

Este viernes, Angelina acumuló dos mil 376 días sin conocer la identidad de los responsables de la desaparición forzada de su esposo Joel Sebastián Cancino, quien fue detenido junto a otras personas durante un operativo de la Marina en Tamaulipas el 22 de julio de 2015.

Ambas mujeres han tenido que asumir la responsabilidad de las autoridades y en solidaridad con otros familiares de personas desaparecidas en el país, encabezar y llevar a cabo la búsqueda de sus seres queridos. A la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las promesas y esperanza de cambio en el gobierno parecen desvanecerse ante una cifra que ya supera las 95 mil personas desaparecidas y que

continúa en aumento cada día.

Para familiares, activistas y colectivos —en su mayoría madres— que han salido de sus casas y enfrentar riesgos y el acoso de los grupos criminales, así como la indolencia y omisiones de las autoridades, la actual administración no sólo muestra poco avance y falta de efectividad en las investigaciones, sino un retroceso en su labor, pues el recorte presupuestal y la ausencia de avances y trabajo conjunto de las autoridades responsables agudizaron la violencia y crisis de desapariciones que aqueja al país.

“Hay que ver nada más las cifras de muertes que tenemos en el país. Hemos estado como activistas en la búsqueda de personas desaparecidas encontrando a las personas asesinadas. No ha cambiado absolutamente nada, seguimos con un tema de violencia que no se ha erradicado, al contrario, ha crecido y lo peor del caso es que lo demerita el gobierno, específicamente el presidente López Obrador”, acusó Silvia Ortiz Solís, fundadora y vocera del Grupo Vida, un colectivo de búsqueda de personas desde hace un lustro.

›En entrevista con ejecentral la activista quien en 2020 recibió la medalla de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila por sus “acciones extraordinarias en Derechos Humanos” reprochó la falta de compromiso que ha mantenido a la Comisión Nacional de Búsqueda, pues aseguró que la instancia encabezada por Karla Quintana Osuna sólo participa en las búsquedas que piden colectivos y familiares.

“La comisión se acerca a las familias porque ellas les hablan porque necesitan ayuda para hacer una búsqueda, no al revés, no como quisiéramos que fuera, no hay un análisis de contexto en donde se determine de acuerdo con el índice de desaparecidos en tal lugar, los índices de hallazgos en tal lugar, las rutas a seguir son estas. No se trata del acompañamiento nada más sino de un trabajo de investigación y de análisis de contexto que no se hace”, señaló Ortiz.

A tal grado ha llegado la falta de apoyo del Estado mexicano y sus instituciones que cada vez son más los casos como el de Susy Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, quien el 2 de enero de este año publicó un video suplicando a los jefes criminales del estado, del cual tuvo que huir por amenazas, que la dejen seguir buscando a sus dos hijos desaparecidos y el resto de las personas que ha ido encontrando en su travesía.

Dos días después, sobre el mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ante las “resistencias y amenazas” que hay en algunos lugares en contra de madres que buscan a sus hijos, la Guardia Nacional las acompañaba y aseguró que ejemplos de ello eran los casos de Guanajuato y Chihuahua, aunque encomendó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas a apoyar a las madres de Sonora, señaló que “nosotros entramos a todos lados, a todo el territorio nacional” y reiteró que la comisión (nacional de búsqueda) brinda el apoyo a una diligencia o ayuda a familiares de desaparecidos. “Se llega a cualquier lugar, o sea eso que quede claro”, sostuvo el mandatario.

En contraste, Angelina Almeida Moreno, quien también integra y apoya diversos colectivos de búsqueda en Tamaulipas y otros estados tras la desaparición de su esposo Joel Sebastián, de la cual acusa a mandos y elementos de la Marina acusó que el gobierno del presidente López Obrador no tiene interés en atender a las víctimas, pues a más de siete años de la desaparición forzada de su esposo no ha tenido acceso ni a las bitácoras de la Marina ni la identidad de los responsables.

“El Presidente tiene el poder de solucionar el caso, pero no lo hace porque no quiere sencillamente. El caso de la desaparición forzadas de Joel Sebastián Cancino en el que están involucrados altos mandos de fuerzas federales se resolverían en cinco minutos si hubiera voluntad, pero no lo hacen porque el Estado mexicano sería severamente castigado (…) La desaparición forzada en México está que arde; estaría bueno que saliera un secretario de gobierno a darnos un resumen semanal, por lo menos mensual de cómo está la seguridad en el país y sería terrorífico”, señaló en entrevista con este diario.

México también vive una grave crisis con más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas.

Sin avances, coordinación…ni registros

Aunado al 0% de cumplimiento de las metas programadas en 2020 por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, que evidenció la Auditoría Superior de la Federación en su informe de desempeño en la que además hizo hincapié a la escasa coordinación y avances que tiene tanto la Comisión como la Fiscalía General de la República (FGR), esta última tampoco cuenta con el registro de las solicitudes para identificación forense que reciben, lo cual abona a que la “crisis forense” con más de 52 mil personas sin identificar se agudice más.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por este diario a la FGR sobre los recursos con los que cuenta para la identificación humana forense, la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero informó -hasta octubre de 2021- el contar con más de 300 peritos y 40 laboratorios en materia de genética, identificación fisonómica, identificación de voz y Lofoscopía Forense.

Además de cuatro sistemas distintos, entre los cuales se encuentran sistemas capaces de almacenar y analizar desde huellas dactilares, decadactilares, registros de voz, reconocimientos faciales en imágenes y videos y confronta de perfiles genéticos, así como la realización de cálculos estadísticos de probabilidad de coincidencia genética y relación de parentesco biológico, pero no un registro respecto a las solicitudes de identificación humana, al señalar que “no se lleva el registro de dicho requerimiento por lo cual esa Unidad Administrativa no le es posible pronunciarse al respecto”.

La conclusión de Angelina recae en que “para al gobierno de Andrés Manuel no le interesan los derechos humanos ni tuyos, ni míos, ni de nadie, somos el tema incómodo. En su campaña se comprometió a tener un diálogo con las víctimas cada tres meses, creo que ocurrió una o dos ocasiones, pero su compromiso es Ayotzinapa nada más”, lamentó.