jonathanjnd@ejecentral.com.mx
En México no se sabe cuántas personas desaparecidas hay, mucho menos se tiene un registro de los cuerpos que faltan por identificar.
Oficialmente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoce un cálculo de 40 mil desaparecidos y 26 mil cuerpos sin identificar en el país, pero buscadores y colectivos de la sociedad civil tienen otros datos.
Si se agrega la cifra negra y los casos de migrantes, estiman 200 mil personas desaparecidas, lo que equivale a la población de ciudades medianas como Puerto Vallarta, Tapachula o Chilpancingo.
Aunque el problema fue encumbrado por el propio Presidente como una prioridad, cuando en marzo pasado al reactivar el Sistema Nacional de Búsqueda señaló que era “la herencia más triste y dolorosa” que recibía su gobierno y que no escatimaría en recursos para atenderlo, la búsqueda de los desaparecidos está en un brete.
Se realiza con esfuerzos aislados, sin articulación entre las autoridades, ni los recursos y protocolos necesarios, pues a la fecha se han creado sólo 25 Comisiones Estatales de Búsqueda, la mayoría conformadas sólo en el papel, pues se nombró a un encargado, pero carecen de dinero, oficina y personal.
Esto se suma a un problema nuevo y creciente, atribuido por los propios buscadores e integrantes de las comisiones locales de búsqueda a la ola de violencia en el país. Las familias que buscan a sus desaparecidos están espaciándose cada vez más de su labor por amenazas de muerte, atentados y falta de garantías de las autoridades por protegerlos, obligando a varios de ellos a huir de sus lugares de origen.
“Simulan que buscan”
“Es una vergüenza para el Estado mexicano. Ellos tienen el dinero, la gente, la tecnología, tienen todo. Nosotros no tenemos nada, porque nos cayó la maldición de la desaparición: desaparece nuestra salud, desaparece nuestra economía, desaparece nuestra seguridad”, soltó Mario Vergara Hernández, integrante del colectivo Los Otros Desaparecidos, quienes salieron en búsqueda de sus seres queridos a través de la exploración de fosas clandestinas en Guerrero desde noviembre de 2014.
Mario Vergara, quien busca a su hermano Tomás, secuestrado y desaparecido desde julio de 2012, aseguró en entrevista con ejecentral que de las promesas del actual gobierno por atender el problema de los desaparecidos prevalece “una total simulación, siguen simulando que salen a buscar a nuestros familiares y en una gran mentira”, pues dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) fue creada recientemente y al igual que las comisiones estatales no cuenta con la gente ni los recursos que se requieren. Reiteró: “ellos no buscan a nuestros familiares somos las familias de los desaparecidos los que estamos buscándolos y estamos dando resultados”.
›La situación no ha sido dimensionada del todo. El pasado 23 de agosto, durante un conversatorio con familiares de personas desaparecidas, Antonino de Leo, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), reconoció que actualmente es imposible contar con un diagnóstico completo sobre la dimensión real de la tragedia humanitaria por la desaparición de personas.
Tras subrayar que los datos oficiales del gobierno mexicano indican que hay más de mil fosas clandestinas y 40 mil 180 personas desaparecidas, según lo dicho públicamente por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, De Leo urgió al Estado mexicano a cumplir con las búsquedas exhaustivas de desaparecidos, así como a garantizar las reparaciones integrales de los daños y su no repetición.
Este periódico recopiló la perspectiva que hay del fenómeno de las desapariciones y la crisis que se ha derivado a partir de las búsquedas por parte de integrantes de colectivos y comisiones estatales, que salvo en el caso de Mario Vergara optaron por mantener su nombre bajo reserva por seguridad; así como la postura de la propia Comisión Nacional de Búsqueda a cargo de Karla Quintana Osuna, en suma con la opinión del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
Las diferentes posturas tuvieron un punto de encuentro: la búsqueda de desaparecidos en el país actualmente se lleva a cabo con capacidades diferenciadas, sin los recursos suficientes, ni un protocolo homologado de búsqueda como eje rector que defina cuáles son las atribuciones y obligaciones que le corresponden a cada una de las autoridades que intervienen en las labores de búsqueda como parte de un sistema nacional.
Aunado a ello, las pocas comisiones estatales existentes y que están en condiciones de operar de a poco también se ven limitadas por las fiscalías y policías estatales que las restringen o no las proveen de la información vital para investigar las desapariciones, ni tampoco reciben el acompañamiento de seguridad necesario para realizar las diligencias de búsqueda en campo, según los testimonios recabados.
Comisiones de papel
Aunque desde el 17 de noviembre de 2017 se decretó constitucionalmente la creación obligatoria tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda como
de las Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas con la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a la fecha sólo hay 25 comisiones estatales creadas, 10 de las cuales se habían instalado anterior a la actual administración.
El 24 de marzo pasado, al reinstalar oficialmente el Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, recuerda Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda, el presidente López Obrador hizo una invitación respetuosa a todos los gobernadores para que cooperen con este mandato legal, y a partir de ahí se han venido creando estas comisiones, crearlas ha sido un paso importante.
“Construir la paz nos va a llevar años, nos va a llevar años que quien nos tenga que cuidar no nos viole, no nos asesine, no nos extorsione, no nada. Muchas familias de desaparecidos hicieron denuncia y los fueron a matar a su casa.” Mario Vergara, activista.
Pero, reconoce, “efectivamente la gran mayoría de ellas sólo tiene nombrada una persona titular o en su caso algunas no han nombrado titular y tienen personas encargadas de despacho, el diagnóstico en este año, pues claramente ante la creación ya entrado el año de estas comisiones pues muchas entidades no tenían el recurso, no lo habían previsto. No entraron en el presupuesto de cada entidad en la gran mayoría de los casos”.
En el entendido de que las comisiones locales dependen íntegramente de
los estados, porque la ley obliga a estos a crearlas, así como de dotarlas del presupuesto y los recursos humanos y materiales para su conformación y operación, para Volga Pilar de Pina Ravest, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es buena señal que se estén conformando, aunque “tampoco nadie esperaba que esto estuviera funcionando de la noche a la mañana. Es un proceso, pero ya con los actos de creación que son por lo general decretos del Ejecutivo o leyes estatales, por lo menos en el papel está creada la instancia y entonces ahora sí para el siguiente año se mete a presupuesto. Entonces ellos (los estados) tienen que negociar el presupuesto con la Federación”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, a manera de prevenir esta demora en la conformación de las comisiones locales que no entraron en las partidas presupuestales de los estados este año, el gobierno federal puso a disposición de las entidades un subsidio de 60 millones de pesos, en el que los estados sólo tuvieran que dar el 10%, es decir por cada 10 pesos recibidos cada entidad federativa diera mínimamente un peso.
La realidad es que son pocas las comisiones estatales de 25 existentes que han recibido una parte de estos recursos para su puesta en marcha, pues una de las obligaciones de los subsidios, explica Quintana Osuna, es ejercerlo en el año fiscal cuando se solicita por lo que no necesariamente será el mismo monto para todas las comisiones que se vayan creando de aquí en adelante. Incluso con el riesgo de que aquellas comisiones que no lo soliciten antes de que concluya octubre, no podrán recibir el subsidio.
43 personas componen la planilla de la Comisión Nacional de Búsqueda.
11 millones de pesos es el monto máximo que las comisiones pueden recibir de la Federación.
410 millones de pesos destinará el gobierno federal para atender la crisis forense en el país.
“No sólo es pedirlo (el subsidio) es presentar un plan de trabajo. Hay un proceso que hay que cumplir, ellos presentan un plan, los requisitos, no sólo es decir que ya está conformada, deben tener una persona encargada o titular, presentar sus necesidades en términos de búsqueda y con base en esa solicitud se hace un proceso administrativo desde la Secretaría de Gobernación, no desde la Comisión Nacional, para firmar los convenios necesarios con gobernadores, con los propios comisionados, con la Segob y todos los trámites administrativos para bajar los recursos”.
La titular de la CNB añadió: “La instrucción presidencial fue que se diera el mayor apoyo posible para fortalecer las comisiones de búsqueda y que evidentemente, es el reclamo justificado de muchos colectivos, que el recurso no ha bajado lo suficientemente rápido, (...) no hay suficiente personal y todo tiene que ver con la misma razón que se han ido creando las comisiones este año sin haber sido debidamente planificadas desde el año anterior (…) Todas las entidades y la Federación deberíamos de prever el presupuesto, hay una curva de aprendizaje que es necesario que no tengamos el próximo año”.
Atados de manos
La búsqueda de desaparecidos avanza lánguidamente. Además de las deficiencias presupuestales, las comisiones estatales tienen identificado otro obstáculo que tiene que ver con las funciones y atribuciones que les otorga la ley para la investigación y realización de diligencias, pero que los gobiernos estatales no están cumpliendo del todo.
“Tanto las fiscalías como las secretarías de seguridad pública, y los entes particulares que contengan o tenga por su naturaleza la información necesaria para intercambiar de manera inmediata y en tiempo real con las comisiones sobre algún caso de desaparición, no se lleva a cabo. Ha costado mucho trabajo porque los gobiernos consideran que sólo el ministerio público y las policías son las únicas que pueden tener acceso a datos como el inicio de carpetas, el levantamiento de cadáveres, o el reporte de los hospitales y centros de salud de personas que son hospitalizadas sin identificar”, señaló anónimamente el titular de una de estas comisiones estatales quien prefirió reservar su identidad.
›Hablamos, refirió otra fuente consultada, de que por ley las comisiones locales tienen la facultad de requerir tanto a las instancias de gobierno como a las instituciones privadas toda aquella información necesaria para la localización de una persona y se tiene que considerar como una obligación de manera prioritaria porque “en
muchos casos son circunstancias de vida o muerte”.
Pero ¿a quién le corresponde que está coordinación y compartición de información se lleve a cabo como marca la ley?, se le preguntó a un coordinador de una comisión estatal, quien refirió: “Creo que el problema mayúsculo es que hay un desconocimiento de las funciones y atribuciones no sólo por la sociedad civil, sino de las instancias claves de gobierno que tendrían que ayudarnos a que ya tengamos una operación plena.
La búsqueda siempre ha incomodado mucho, sobre todo a la delincuencia organizada (...), la bronca es que están tan chiquitas las comisiones que tampoco se están dando abasto.” Volga Pilar, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Y abundó, “no sólo es labor de la Comisión Nacional, yo creo que sí tendría que ser la impulsora, pero el gobierno completo, empezando por la propia Presidencia de la República tendría que hacer muy pública la función y naturaleza de las comisiones locales de búsqueda y así aperturar que las instancias nos den la información que necesitamos. Una búsqueda sin información es algo inoperable; necesitamos puntualizar que toda autoridad que niegue información no implique sólo una sanción administrativa sino una delito de los contemplados en la ley de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares porque ha sido muy complejo el hacerlo ver que como algo obligatorio y no un tema de mera voluntad”.
¿Y el Protocolo Homologado de Búsqueda?
“Es una obligación que tenemos desde la Comisión Nacional de Búsqueda, tenemos una comisión legislativa de más de un año. Estamos en su construcción, no es una tarea fácil porque en primer lugar no es clara aún la división entre búsqueda e investigación, lo ideal hubiera sido que el protocolo creciera junto con el de investigación que existe y con el cual podríamos tener algunas discrepancias porque no se llevó de la mano con el protocolo homologado de búsqueda, pero esto ya no paso”, refirió Karla Quintana Osuna.
En entrevista con este periódico, la titular de la CNB argumentó que en el contexto del país ha sido importante la conformación de este protocolo, pues “no existe en el mundo un protocolo homologado de búsqueda con las características que nos da la ley como comisiones de búsqueda; (...) cuando existen protocolos de búsqueda e investigación o cuando son de búsqueda son acotados a ciertos periodos históricos”.
Nuestra competencia de conformidad con la ley, detalló la funcionaria, es buscar a las personas que desaparecen el día de hoy, las que desaparecieron hace 10, 15 años, y las que desaparecieron hace incluso más de 40, eso nos obliga a tener diferentes formas de búsqueda; en ese sentido reconoció que, “a la Comisión Nacional le queda claro que estamos en una omisión legislativa, estamos construyendo la institución y no por emitir algo de manera rápida lo hagamos poco responsable en cuanto a lo que significa tener un protocolo homologado de búsqueda que queremos que funcione para todas las personas que estamos buscando Es el eje rector, me queda clarísimo que es una emergencia, es una urgencia emitirlo”.
¿Hay algún plazo fatal para contar con él, considerando que en su informe de los 100 días al frente de la CNB dijo que se contaba con un
borrador?
“Estamos trabajando, esperemos que en este semestre quede el protocolo homologado de búsqueda para discutirlo, eso es una necesidad inminente, siendo el eje rector de la búsqueda y que va a ser seguramente no sólo aplicado en México, sino que va a tener una trascendencia en el derecho comparado a nivel internacional, hay que hacerlo con la mayor responsabilidad y con la mayor participación posible de las familias y de la sociedad civil”, sostuvo Karla Quintana.
