La UNESCO destacó al inicio de la pandemia que “el brote de la COVID-19 es un problema sanitario de gran magnitud. Pero también es una gran crisis para la educación”. Este reconocimiento permite a los países del mundo ofrecer distintas respuestas de Estado a la crisis sanitaria. Una de ellas fue el cierre de las escuelas. Pero Naciones Unidas ha destacado que el cierre de escuelas agrava las desigualdades en la educación y afecta de manera desproporcionada a los niños y jóvenes más vulnerables, y ha llamado que “ante los cierres masivos de escuelas, debemos asegurar la continuidad, la inclusión y la equidad”.
En este contexto es necesario valorar como positivo el anuncio de no regresar a las escuelas de manera presencial, atendiendo el semáforo rojo en la mayor parte del país, el incremento de contagios y cerca de 50 mil personas víctimas fatales por Covid-19. En este momento la movilidad que representan más de 30 millones de niñas, niños y personas jóvenes regresando a las escuelas llevaría inevitablemente a una multiplicación de los contagios, y profundizaría la crisis del sistema de salud. De tal manera que tiene que ponderarse la salud de la población en general, pero especialmente de niña, niños y adolescentes quiénes podrían quedar más expuestos al Covid-19.
Sin embargo, el anuncio realizado por el Secretario de Educación (SEP), Esteban Moctezuma, no atiende la recomendaciones internacionales de Nacionales Unidas y UNESCO, quienes han insistido en la necesidad de promover una amplia movilización social, coordinar acciones para llegar a las niñas y niños más excluidos, conciliar las necesidades nacionales con las soluciones mundiales y “proporcionar soluciones tecnológicas gratuitas, seguras y equitativas a través de la radio, la televisión y las herramientas digitales en línea para las escuelas, los estudiantes, los maestros y los padres”.
El anuncio del gobierno federal de regresar al próximo “ciclo escolar normal” sólo a través de la televisión, ofrece la razón a las diversas voces que cuestionan la soberbia y el auto engaño de la SEP frente a los impactos negativos de pandemia que dejó a millones de niñas y niños excluidos del sistema educativo, particularmente por la brecha digital que impidió la conectividad de las y los estudiantes más pobres del país.
Así mismo, el analfabetismo digital del sistema educativo impidió que las y los docentes tuvieran un mínimo de posibilidades de adaptarse al mundo virtual a través de una didáctica apropiada, impidiendo con ello buenos procesos de aprendizaje significativo. Lo que vivimos en escuelas públicas y privadas fue una lamentablemente improvisación que ocasionó la sobrecarga de trabajos escolares en las familias y la niñez, atrapada en casa por el confinamiento. La queja generalizada fue que no aprendieron, y se quedan con la sensación de incertidumbre respecto a su futuro académico.
Con el anuncio del cierre del ciclo escolar pasado se presentó una auto evaluación optimista, ingenua y triunfalista; incluso presumiendo el “modelo de educación a distancia” para inspirar a otros países. Se guardó silencio sobre los millones de niñas y niños con los que se perdió contacto y no lograron seguir el proceso educativo a distancia, se invisibilizó el incremento de niñez trabajadora en el espacio público. Y nuevamente decidieron ignorar los llamados de expertas y expertos nacionales e internacionales, de niñas y mujeres adolescentes con su campaña #EvaluaciónJusta, quienes invitaron a realizar una profunda reflexión colectiva para repensar el modelo educativo mexicano en el contexto de la pandemia, ante la evidencia de no poder regresara a las aulas de forma inmediata.
Se ha hablado poco del abandono escolar. Sabemos que cada año 800 mil personas adolescentes no pueden continuar con la educación media superior por problemas económicos. Con la pandemia el abandono escolar se incrementará, específicamente en mujeres adolescentes, que serán forzadas a asumir el rol de cuidadoras de hermanas y hermanos, además del trabajo domestico por la cultura profundamente machista del país.
Hemos perdimos como país un tiempo valioso para iniciar la transición del modelo educativo hacía una dinámica híbrida, entre lo virtual, a distancia y en algún momento presencial. Cada modalidad tiene desafíos pedagógicos y de evaluación distintos, para garantizar el derecho a aprender de cada niña, niño y adolescente. Apostar todo el sistema educativo a la televisión se convierte en una decisión contraria las recomendaciones internacionales.
La ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes establece que es a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) como mecanismo de coordinación de la política pública donde se tienen que decidir las acciones a favor de este sector de la población. Desde el inicio de la pandemia el SIPINNA ha sido invisibilizado, más allá de los valiosos esfuerzos de su secretaría ejecutiva para buscar articulaciones institucionales. Pensar que sólo la SEP puede definir el derecho a la educación de más de 27 millones de niñas, niños y adolescentes es tan miope como ilegal.
Es necesario que se coordinen con las Secretarías de Salud, Bienestar Social, Trabajo y Hacienda, para ofrecer respuestas eficaces y articuladas al seguimiento de los cuadros de vacunación pendientes, respuestas nutricionales para quienes recibían alimentos en las escuelas, prioridad en los programas sociales que reduzcan el impacto de la pobreza en las familias, establecer políticas de conciliación del mundo laboral con la dinámica familiar y escolar para que no se queden solos durante el confinamiento, y priorizar la inversión de recursos públicos en la adquisición de insumos tecnológicos y de conectividad que reduzcan la brecha digital. Desde el SIPINNA se pueden coordinar las acciones federales, estatales y municipales para garantizar que el derecho a la educación sea una realidad.
Uno de los temas de mayor urgencia está en las políticas de conciliación laboral con la familia y la dinámica escolar, toda vez que está estimulando la reactivación de varios sectores económicos en medio de la pandemia, y esto significa que miles de madres trabajadoras y padres trabajadores regresen a laborar. Al tiempo que continua el confinamiento y el cierre de escuelas, lo que coloca en riesgo a millones de niñas y niños que no cuentan con los espacios de apoyo o con las redes solidarias de la comunidad educativa, pues estas se encuentran distantes.
Niñas y niños solos en casa representan un gran dilema familiar, ya que no habrá forma de que sean acompañados por papá, mamá o sus tutores, en el proceso de aprendizaje que se va a transmitir mediante la televisión, afectando profundamente su aprovechamiento y rendimiento escolar.
Hay que mantener la exigencia al estado para que invierta en el nuevo escenario educativo que demanda conectividad, logrando acuerdos con las empresas de telecomunicación para disminuir los precios para el acceso a wi-fi o bien, mantener el acceso económico de datos por celulares. Ahora se hace evidente una nueva segmentación social entre info ricos e info pobres. En este contexto ya no se puede pensando al sistema educativo sólo a partir de libros, o la televisión, es necesario garantizar el derecho humano al acceso a internet como parte de las obligaciones del Estado.
REDIM*
