Denuncias por filtraciones en caso Ayotzinapa podrían llegar a Corte IDH
La defensa de los cuatro militares implicados en el caso no descarta denunciar penalmente al subsecretario Alejandro Encinas.
Los abogados defensores del general José Rodríguez Pérez y los otros tres elementos del Ejército detenidos por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, advirtieron que las quejas y denuncias por la filtración de información del caso podrían llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Evidentemente si hubiera habido alguna filtración por parte de la subsecretaría (que encabeza Alejandro Encinas) o de la fiscalía especial, presentaremos las denuncias y las acciones legales correspondientes, porque evidentemente se está violentando el debido proceso y la presunción de inocencia de nuestro representados”, advirtió el abogado César Omar González Hernández.
En conferencia de prensa desde la puerta 8 del Campo Militar 1-A, los abogados César Omar González y Alejandro Robledo Carretero, defensores de los cuatro militares detenidos, reiteraron que ante el desaseo en la investigación y las acusaciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la FGR y las filtraciones de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), presentarían las quejas y denuncias correspondientes.
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“Estamos analizando lo que podemos acreditar, quejas ante la CNDH, la Corte Interamericana y probablemente denuncias de carácter penal”, subrayó González Hernández.
Aunque el subsecretario Alejandro Encinas reprochó en su cuenta de Twitter que “han buscado confrontar a la Comisión con las Fuerzas Armadas, al señalar que el informe es un agravio contra el ejército”, sostuvo que “la búsqueda de la verdad” no atenta contra las instituciones, sino que las fortalece.
En contraparte la defensa legal de los efectivos castrenses consideró que las acusaciones provinieron de presiones políticas sobre el subsecretario que finalmente, al igual que con la investigación de la unidad especial de la FGR se “está generando un efecto corruptor” en la investigación.
“Fue una determinación de carácter político, por presiones y tiempos políticos lo que orillo al subsecretario y al fiscal especial a aventar contra los militares las acusaciones de manera infundada”, replicó Omar González.
En tanto, Alejandro Robledo señaló que, aunque sostienen que los militares que presentan “son inocentes”, reconoció que la acusación en contra del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Fabian Alejandro Pirita, afecta al Ejército. “Evidentemente mancha la imagen del Ejército, acusarlos de manera infundada, tropezada”, subrayó.
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En ese sentido, sostuvieron que las acusaciones en contra de los militares se desprenden de las declaraciones del testigo protegido de la FGR, “Juan”, que se trata del exjefe de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo “El Gil”, pero aclararon que no están sujetos a proceso por las imputaciones que se hacen en el informe de la Comisión que encabeza Encinas.
De los dichos “no corroborados” del testigo Juan “no existen evidencias de que los militares tuvieran relación con ningún grupo criminal, ni de que hayan tenido contacto alguno con los 43 estudiantes desaparecidos y por ende participado en forma alguna en la desaparición”, dijeron los abogados.
Sobre las supuestas conversaciones telefónicas que “temerariamente”, dijo Alejandro Robledo se le atribuyen al entonces coronel y comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, Rodríguez Pérez, así como al capitán Martínez Crespo y al soldado Mota Esquivel, referidos en el informe de la Comisión. el abogado sostuvo que nada de eso fue “corroborado ni cuestionado a los interesados sobre el particular, a pesar de haber declarado en múltiples ocasiones” ante el ministerio público federal.
“Dicho informe se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la fiscalía especial para el caso y al GIEI, lo que fue desmentido por éste, quien incluso cuestionó la fiabilidad y legalidad de los chats en que se basa el mismo, y que señala no tenía conocimiento de su existencia” recalcó el abogado Robledo Carretero.
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