Decenas de colectivos y familiares de víctimas de desaparición acusaron a magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila de estar coludidos con la Fiscalía General del estado en obstruir el derecho a la justicia, luego de que se rechazó el proyecto de inconstitucional con el que se pretendía hacer valer el derecho de los familiares a la participación ciudadana mediante la figura de amicus curiae (amigos de la Corte) para dar continuidad a sus procesos.
“Los familiares teníamos la idea que el poder judicial que ha estado ausente en nuestra lucha tendría a bien entender nuestra petición en el amicus curiae, pero con esto se nos muestra que sigue ausente y apostándole a la impunidad, negándonos el acceso al amicus curiae además de convertirse en cómplices de las autoridades corruptas, son verdugos de la justicia”, señala una carta firmada por unos 40 colectivos y más de centenar de familiares de víctimas de desaparición de todo el país.
Aunado a ello la misiva subraya las consecuencias de la decisión “unilateral”, ya que no se tomó ninguna consideración o consulta con las familias de personas desaparecidas, que en mayo pasado tomó la Fiscalía General de Coahuila al desaparecer la Unidad de Búsqueda de la Fiscalía por considerar que había una duplicidad de funciones con la Comisión de Búsqueda de Personas.
Además de considerar que dicha consideración por parte de la FGE representa “un deslinde de responsabilidades de la Fiscalía para buscar de forma inmediata a las personas”, los colectivos y familiares sostuvieron la eliminación de dicha unidad significa “la forma y pretexto para no hacer cambios profundos en la Procuración de Justicia (…) Es una forma de mantener a los desaparecidos en una eterna desprotección para que no hablen, para que no señalen, para que no prueban la complicidad y la corrupción de las autoridades”.
En su pronunciamiento, las organizaciones y activistas recuerdan que fue el pasado 27 de octubre cuando en sesión del pleno del Tribunal coahuilense se discutió el proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad AIL-3/2021, la cual fue solicitada por los colectivos de familiares de personas desaparecidas a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que el magistrado instructor a cargo fue Luis Efrén Ríos Vega, quien el pasado 1 de Septiembre abrió el ejercicio de “justicia participativa” mediante el cual comunicaba a los interesados la solicitud para recibir amicus curiae y fijaba la fecha del lunes 20 de septiembre para la audiencia para el mismo fin.
Ante lo cual se presentaron varios Amicus curiae, entre estos el firmado por 52 colectivos de familiares de Coahuila y de diversos estados del país, cuatro organizaciones de sociedad civil y 171 familiares de víctimas en lo individual y expertos en derechos humanos, entre cuyos fines se incluyó la solicitud para garantizar el derecho a participar
quienes aportamos nuestro conocimiento y experiencia para brindar información valiosa a los magistrados, con la intención de; a) que conocieran cómo operaba la fiscalía con la unidad y la fiscalía especializada, b) las dificultades y retos que tienen para la efectiva coordinación con la comisión de búsqueda, c) el tremendo error que representa el hacer la eliminación sin garantizar la operatividad de la búsqueda inmediata y sobre todo d) para pedir que se garantizara nuestro derecho a participar, “el cual fue violentado por el Fiscal General al desconocer el modelo de diálogo acordado en Coahuila al igual que los acuerdos de la Mesa de Armonización Legislativa, los cuales ahora el Tribunal de Justicia secunda en complicidad con el Fiscal”, señala la carta.
“La justicia se encuentra secuestrada por las instituciones que lejos de atender al interés superior de las personas como lo es; la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como la personalidad jurídica de un desaparecido, se ve sometido ante interpretaciones limitativas de los derechos humanos y la acción de la justicia”, concluyen.
