A poco más de un mes del asesinato de Julio César Galindo, líder de la Coparmex en San Luis Potosí, la defensa de las personas detenidas por su probable participación en el homicidio denunció irregularidades en su proceso.
El despacho Ordóñez, Ordóñez Téllez, Abogados Asociados S.C. señaló que el proceso de las personas identificadas como Rudy “N”, Abel “N”, Ramiro “N” y Nicolás “N” – detenidos el 3 de marzo – está “plagado de falsedades, irregularidades, dolo, abuso de autoridad y tortura”.
Los abogados indicaron que estas irregularidades se ven plasmadas en la narrativa de hechos y la argumentación jurídica vertidas en las demandas de amparo que los imputados presentaron.
Explican que en el oficio de la investigación FGE/SLP/UIFH/1287/2021 se establece que los agresores del líder empresarial viajaban en un vehículo marca Ford Lobo color gris oscuro, sin embargo, los procesados fueron detenidos en una camioneta color beige.
Aunado a ello, se señala que las cuatro personas fueron detenidas arbitrariamente en Ciudad Valles por los supuestos delitos de amenazas y contra la salud, y posteriormente la representación social los señalo por homicidio, con carpetas de investigación distintas.
También explican discrepancias en los horarios en los que se realizó la detención y cuando se emitió la orden de aprehensión. Los abogados indicaron que “las cuatro personas fueron detenidas a las 20 horas con 20 minutos del día primero de marzo del año 2021; y la Orden de Aprehensión fue libreada 51 horas después, a las 22 horas con 23 minutos del día 3 de marzo”.
En ese tiempo, abundan, las cuatro personas permanecieron “recluidos, incomunicados y permanentemente torturados, violándose sus derechos procesales y garantías individuales”.
Entre otras anomalías citadas por los defensores, se encuentra el que el Ministerio Público no exhibió en la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación la tarjeta de circulación de la camioneta en la que viajaban los intervenidos, en la que se consta el color del vehículo.
Y que en sus declaraciones, los detenidos fueron incomunicados y torturados. En ese sentido, abundan que 23 horas después de haber sido detenidos, el coimputado Ramiro “N” fue obligado a declarar y autoincriminarse, e inculpar a los demás.
Frente a estos señalamientos el despacho señala que no están debidamente acreditados los elementos constitutivos de los delitos que se les imputan y existe duda sobre su responsabilidad en el delito. CJG
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