Organizaciones humanitarias denunciaron al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta detención arbitraria de 152 personas bajo el régimen de excepción que rige desde hace seis meses para combatir las pandillas.
“Esta denuncia contra el Estado de El Salvador se ha interpuesto (ante la CIDH) porque tenemos un registro de 152 casos de personas que han sido detenidas de forma arbitraria en el régimen de excepción y con ello se han violado derechos humanos fundamentales”, aseguró en una rueda de prensa el abogado Alejandro Díaz.
Díaz, representante de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, explicó que en la denuncia se planteó que los derechos violados “son el derecho a la vida, a la integridad, libertad, protección judicial y garantías judiciales”.
La denuncia fue interpuesta el pasado 23 de setiembre ante la CIDH por las organizaciones humanitarias Tutela Legal “María Julia Hernández”, Azul Originario (AZO) y Fundación Hermano Mercedes Ruiz (Fundahmer).
El abogado señaló que habrían más casos de presuntas detenciones arbitrarias, pero que las tres organizaciones denunciantes han “documentado” 152.
Díaz explicó que tras “agotar” diversos mecanismos ante instancias de justicia salvadoreña decidieron llevar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos con sede en Costa Rica.
El director de Tutela Legal “María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio, explicó que las 152 personas han presentado recursos de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero “ninguno de ellos hasta la fecha ha sido ni siquiera admitido”, lamentó.
Suman más de 53 mil detenidos
En respuesta a una escalada de la violencia en el país centroamericano, que dejó 87 asesinatos entre el 25 y 27 de marzo, el gobierno decretó con el aval del Congreso un régimen de excepción que se ha extendido al menos hasta el 18 de octubre. Hasta la fecha ha permitido detener sin orden judicial a 53 mil 465 presuntos pandilleros.
El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, y faculta la intervención de las comunicaciones. La mayoría de pandilleros están relacionados con los grupos criminales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El régimen de excepción ha sido constantemente criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida habilita mecanismos para violar los derechos de los detenidos.
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