Denuncian a Durazo ante la SFP por mentir sobre liberación de Ovido Guzmán

25 de Noviembre de 2024

Denuncian a Durazo ante la SFP por mentir sobre liberación de Ovido Guzmán

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Isaac Esquivel

Foto: Cuartoscuro

La senadora del PRI, Claudia Anaya argumentó que Durazo aseguró que "nadie decidió liberar a Ovidio", lo que contrasta con lo señalado por AMLO, quien aseguró que él fue quien dio la orden

La senadora del Revolucionario Institucional, Claudia Anaya informó que presentó formalmente una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo por mentir en torno a la liberación de Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019.

De acuerdo con lo formulado por la legisladora del PRI, Alfonso Durazo dijo al Senado de la República en una comparecencia el 5 de noviembre del 1029 que nadie ordenó liberar al hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, lo que contrasta con las recientes declaraciones del presidente, quien aseguró que él asumió dicha decisión.

En ese momento, indica la legisladora, Durazo Montaño aseguró que “Nadie decidió liberar a Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención porque en el momento que esta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable”.

Mientras que el pasado 19 de junio, el presidente aseguró que él ordenó la liberación del hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se le dejara en libertad”.

Anaya Mota refirió que con esto, el titular de la SSPC violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues no desempeñó su cargo con honradez y objetividad al omitir información del operativo al Senado bajo protesta de decir la verdad.

Igualmente, indicó, la liberación de Ovidio Guzmán representó una violación al cuarto párrafo del artículo 16 constitucional, pues no puso al inculpado ante un juez, acción que constituye un delito sancionable con hasta 6 meses o 9 años de prisión.

Por ello, la senadora priista solicitó a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo las investigaciones correspondientes y sancionar conforme a derecho. CJG