El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó este martes una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un presunto fraude “en perjuicio de la Federación”.
El presidente de dicha asociación civil, José Antonio Ortega Sánchez, asegura que el monto oscila entre un millón 250 mil a dos millones de dólares, correspondiente “al dinero que el gobierno mexicano entregó a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
A través de un comunicado, el Consejo considera que Álvarez Icaza Longoria, en su calidad de firmante en representación de la CIDH, se basa en el Artículo 386 del Código Penal Federal, en el cual se tipifica como fraude la conducta antisocial “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
En el documento reprueban la participación de los cinco expertos integrantes del GIEI, a los que denuncia por incumplimiento de los compromisos que la CIDH adquirió con el gobierno de México. “Los ‘expertos’ no han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos (en Iguala)”.
De tal manera, señalan como presunto autor del fraude a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el addendum del Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional; por lo que además dicho Consejo Ciudadano exige al gobierno de la República acabar el acuerdo signado con la CIDH.
