Detención de Lozoya, éticamente obligatoria: Scherer Ibarra

La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no sólo era legalmente inevitable, era éticamente obligatorio, afirma el consejero Jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer, en The Washington Post.

En su publicación, el abogado señala que el hecho era agravioso por la afectación al patrimonio mexicano, pero aún más porque es otra representación del símbolo de la corrupción política y que debía exponerse.

Desde Pemex, Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de Administración de Altos Hornos, operaron la designación de recursos para adquirir la planta de urea y fertilizantes Agro Nitrogenados, que no funcionaba.

“Se pagó por ella como si fuera una empresa en funcionamiento, cuando en realidad tenía muchos años parada. Y se derrochó en su habilitación muchos más recursos de los originalmente presupuestados, que no sirvieron de nada: la planta no funcionó. Es una burla y un monumento a la corrupción”, escribió Scherer Ibarra.

La denuncia, explicó, responde no sólo por la afectación de más de 11 mil millones de pesos, sino para exponer las causas que generan la corrupción: “la arrogancia de los que se consideran intocables y el desprecio que tiene para con los intereses del Estado”.

Pero también servirá, de acuerdo con las palabras del funcionario, para buscar reparar el daño económico y enviar un mensaje de combate a la corrupción, para dejar en claro que no permitir la impunidad es dejar de manifiesto que se deben manejar con austeridad, sin soberbia, con honestidad; estas son las causas de que se hiciera pública la denuncia.

“Según la empresa Jacobs, contratada posteriormente para supervisar la obra, no se revisaron las condiciones reales de los equipos que se adquirieron: había que reemplazar 82% de la maquinaria”, indicó.

Para rehabilitarla se ocuparía una gran inversión. La compra se realizó sin valorar el costo de rehabilitación, pues se habían presupuestado 200 millones de dólares y después aumentó 285 millones de dólares extra.

Otro importante dato que no se tomó en cuenta, detalla, fueron los 65 millones de dólares que correspondían al pago de intereses de la deuda que se contrajo para la operación de la planta, los impactos cambiarios y otros gastos financieros.

Pemex no contaba con la capacidad para surtir las materias primas indispensables para que la planta funcionara, como el gas. Este fue otro de los datos que se conocían, pero no se tomó en cuenta.

“Las acciones de este gobierno, tanto en la denuncia como en las acciones subsiguientes, dejan en claro que, en el combate a la corrupción y la restauración del Estado de derecho, se actuará hasta las últimas consecuencias”, indicó. Con información de The Washington Post.

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