Han pasado 10 semanas desde que comenzaron las protestas, pero la inconformidad no ha cesado. Tanto los ciudadanos como algunos miembros de la clase política de Israel han dejado ver su oposición a la reforma del sistema judicial impulsada por el gobierno de derechas del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien acusan de querer evitar una eventual condena en la causas de corrupción abiertos en su contra a través de la nueva ley,
Pero la principal preocupación es el la amenaza sobre la Suprema Corte, ya que de aprobarse la controvertida ley, los políticos tendrán un papel dominante en la selección de jueces, y cualquier fallo que realice el Tribunal podría ser fácilmente anulado por el parlamento unicameral de Israel.
“La reforma significa el fin de la democracia”, afirmaban las pancartas mostradas durante la jornada en el centro de Tel Aviv, donde al menos 200 mil personas han tomado las calles desde hace varios días para hacer oír su rechazo al proyecto de ley.
Asimismo, se teme que Israel deje de tener un gobierno laico y se prioricen las leyes judías sobre la población que practica diferentes creencias. Se calcula que a lo largo de todo el territorio, cerca de 500 mil personas se han manifestado en contra de lo que ya es “la manifestación más grande” que se ha registrado, según publicó el periódico Haaretz. Por su parte, las fuerzas del orden no han dado cifras sobre el número de personas que participan en las movilizaciones.
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En su defensa, Benjamin Netanyahu y sus aliados consideran que esa reforma es necesaria para restablecer un equilibrio entre los legisladores y la Corte Suprema, a la que han considerado “movida por intenciones políticas”.
Cabe recordar que desde su fundación, Israel no cuenta con una constitución y tiene una sola cámara parlamentaria que actualmente esta bajo control de una coalición nacionalista-religiosa cuyos partidos en su totalidad son de índole religiosa y de extrema derecha.
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