La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador por llevar a una consulta popular la posibilidad de enjuiciar a sus cinco antecesores por diversos delitos, incluyendo de lesa humanidad, resulta una medida anticonstitucional, pero también innecesaria, así lo consideró el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien reitera que es obligación de las autoridades el denunciar cualquier delito que atente contra el estado de Derecho.
Al anticipar que la proposición del Presidente para que “el pueblo” decida si se lleva a tribunales o no a los últimos cinco presidentes implica “una restricción de los derechos humanos”, al contravenir con la Constitución, las leyes y el sistema democrático del país, el proyecto, cuya discusión ante el Plano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está previsto para el próximo 1 de octubre, subraya que sin importar de quién se trate —expresidente o exfuncionario— cualquier persona que haya cometido un delito o atentara contra los derechos humanos debe ser denunciada.
“Las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona —sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona”, indica el documento dado a conocer este jueves.
Sin sentido. De acuerdo con el ministro Zaldívar, los delitos por los que se pretende enjuiciar a los expresidentes deben ser perseguidos por el Estado mexicano.
Toda vez que en su solicitud de consulta el presidente López Obrador acusa que, en los últimos cinco sexenios, reiterado por él mismo como el “periodo neoliberal”, se cometieron delitos de lesa humanidad “como la desaparición forzada de decenas de miles de personas, la violación masiva de derechos humanos, la pérdida de centenares de miles de vidas, la discriminación de los pueblos y comunidades indígenas”, entre otros, el proyecto del ministro ponente subraya que se trata de delitos que por su naturaleza son imprescriptibles, es decir, que no se extingue la obligación del Estado de perseguirlos y sancionarlos.
Esto resulta inconstitucional y contraviene con el objeto que pretende conseguir la consulta, subraya el ministro Aguilar.
ES DE INTERÉS |
