Defensores de DDHH van contra pena de muerte en Taiwán

Taiwán se reivindica como un bastión de los derechos humanos en Asia, pero esa imagen no encaja con el mantenimiento de la pena capital, afirman los activistas que luchan por salvar de la ejecución al condenado a muerte más viejo de la isla.

A sus 69 años, Wang Xin-fu puede ser ejecutado cualquier día sin previo aviso, dado que su caso ya ha agotado todos los recursos contra la sentencia. Actualmente, es el mayor de los 38 reos en el corredor de la muerte.

Wang Xin-fu fue declarado culpable del asesinato de un policía en 1990, a pesar de que siempre defendió su inocencia, una opinión compartida por la Alianza de Taiwán para Terminar con la Pena de Muerte (TAEDP) que lanzó una campaña pidiendo su indulto.

Wang ya había estado encarcelado de joven, clasificado como “matón” por el entonces gobierno autoritario de Taiwán. Posteriormente sería acusado de suministrar un arma a un “sicario” y ordenarle el asesinato, según el relato del tirador y testigos.

Pero los activistas denuncian “obvios vacíos” en la condena, con testimonios inconsistentes, acusaciones de tortura policial, falta de motivos y huellas digitales.

“Es lo que se llama un +tipo malo+, pero los tipos malos también tienen derechos. No debería ser sentenciado por un crimen que no hizo”, dijo Lin Hsin-yi, directora ejecutiva de TAEDP.

Al saber que estaba nuevamente perseguido, Wang huyó a China continental y no volvió a Taiwán hasta 2006, cuando fue detenido. Recibió la pena capital, que la corte suprema confirmó en su sentencia definitiva de 2011.

En un último recurso a la desesparada, en noviembre los activistas acudieron al Control Yuan, el principal órgano de vigilancia gubernamental.

En 2018, este comité recomendó al fiscal general que presentara un recurso especial para otro condenado que llevaba 19 años en el corredor de la muerte, lo que finalmente condujo a su absolución.

Ahora libre, Hsieh Chih-hung aboga por abolir la pena de muerte, señalando que su caso y el de otros reos finalmente absueltos muestran los fallos del sistema.

Los activistas ponen como ejemplo uno de los casos más controvertidos: tres hombres absueltos en 2012 después de dos décadas de batalla judicial tras haber sido sentenciados a muerte por el asesinato de una pareja.

El año antes, otro tribunal militar declaró inocente a un soldado condenado 14 años antes por violación y asesinato de una niña de cinco años.

“El gobierno cree que mantener las ejecuciones es lo que quiere la gente. ¿Pero esto realmente resuelve los problemas?”, se pregunta Hsieh.

Apoyo popular

A pesar de que fuera usada contra los disidentes durante décadas de ley marcial, los taiwaneses todavía apoyan esta condena aunque su territorio se haya convertido en una de las democracias más progresistas de Asia.

Unos 35 reos han sido ejecutados desde 2010, cuando Taiwán volvió a aplicar estas penas tras un paréntesis de cuatro años.

Dos de ellas han sido bajo la presidencia de Tsai Ing-wen, que desde que asumió sus funciones en 2016 apoyó causas como la del matrimonio homosexual y suele reivindicarse como bastión de derechos humanos en contraposición a la creciente presión de China, que considera este territorio como propio.

Tsai asegura que abolir la pena capital es “una cuestión difícil” por la falta de apoyo de la sociedad, que necesitará “un largo proceso” de cambio.

El ministro de Justicia aseguró que en 2017 reemprendió un comité de trabajo para terminar gradualmente con esta práctica, buscar alternativas y construir un consenso público.

“Abolir la pena de muerte es una tendencia internacional en años recientes y la dirección a largo plazo en la que nuestro país trabaja”, indicó el ministerio en un comunicado a AFP.

Los activistas piden una moratoria en las ejecuciones y un límite temporal para aprobar la abolición.

“Si la gente sabe que hay alternativas, no apoyarán necesariamente la pena de muerte”, dijo Lin, que propone condenas de por vida en las que el reo trabaje en prisión y mande parte de su salario a la familia de la víctima.

Pero mientras, la familia de Wang solo puede esperar. Su hermana Wen Mei-hui, de 60 años, confía en reencontrarse con él como un hombre libre.

“Estoy convencida de que es inocente”, dijo AFP. “Confío en que las autoridades le dejen ir a casa”, añadió.