La defensa de la maestra Elba Esther Gordillo presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) por la filtración ilegal de la resolución de apelación por la cual se le decretó libertad a la exlideresa magisterial la semana pasada, tras más de cinco años en prisión. De igual forma señala difusión irregular del amparo y de la petición de cancelación de la ficha signaléctica. El abogado Marco Antonio del Toro informó que este lunes presentó la queja, luego de que en redes sociales y algunos portales de noticias circulara la sentencia dictada por el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 11/2013.
Esta versión de la sentencia en efecto corresponde con la dictada, pero se omite acatar –tal y como incluso ordenó el señor Magistrado que la emitió, el ‘Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales’, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal”, señala el abogado Del Toro.
De igual forma, denuncia la filtración del amparo solicitado para evitar ser detenida, que trascendió este lunes, luego de que el juez ordenó la reserva de los datos y además es un procedimiento estándar de todo despacho penal ante una resolución como la del caso, que derivó en la libertad absoluta de Gordillo Morales.
Se trata de una medida que todo despacho debe llevar a cabo desde un punto de vista preventivo, máxime cuando se trata de un asunto que ha presentado una serie de anomalías”, añade.
Además enlista como otra filtración irregular, la difusión de que la defensa solicitó cancelar a la ficha signalética y demás cuestiones inherentes a la terminación definitiva del proceso, como videos, expedientes, etc. Y precisa que incluso, algunos medios de comunicación, usaron la imagen de la ficha signaléctica y otras fotografías, pese a que desde 2013 fueron consideradas una filtración ilegal por la cual una funcionaria pública fue procesada y sentenciada, e incluso una juez ordenó su cancelación y/o destrucción. Agrega que en el caso del amparo también se publicó parte del acuerdo dictado por la juez, lo que implica que debió surgir “de una autoridad que viola lo ordenado”. El abogado Del Toro quien la madrugada del pasado 8 de agosto, cuando informó la liberación de la maestra, no dio detalle alguno sobre la resolución y pidió al juez la reservara, en una carta difundida este lunes precisa que “la sentencia firme y definitiva de inocencia plena” resolvió:
- Que las pruebas desahogadas por la defensa acreditaron la inexistencia de los delitos imputados, su absoluta inocencia. Las pruebas comprobaron la inocencia.
- Que la autoridad ministerial presentó pruebas que fueron declaradas ilícitas.
- Se resolvió así la plena inocencia con efectos de inmediata libertad.
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