De comprobarse la responsabilidad del subsecretario Alejandro Encinas en la filtración del informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, las denuncias en su contra podrían llegar hasta la Corte Interamericana.
Así lo dieron a conocer los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, del equipo de defensa de los cuatro militares señalados por dicha comisión, así como por la unidad especial de la FGR para el caso Ayotzinapa.
Evidentemente si hubiera habido una filtración por parte de la subsecretaría (que encabeza Encinas Rodríguez) o de la fiscalía especial, presentaremos las denuncias y las acciones legales correspondientes. Evidentemente se está violentado el debido proceso y la presunción de inocencia de nuestros representados y todo esto malamente manejado está generando un efecto corruptor que tendrán consecuencias en el caso”, advirtió el licenciado Omar González a pregunta expresa de este diario.
A las afueras de la puerta 8 del Campo Militar 1-A, los abogados señalaron que el sustento de las acusaciones en contra del general José Rodríguez Pérez y los otros tres militares que defienden, se desprenden de las declaraciones del testigo protegido de la FGR, “Juan”, el ex jefe de Guerreros Unidos Gildardo López Astudillo, pero aclararon que no están sujetos a proceso por las imputaciones que se hacen en el informe de la Comisión que encabeza Encinas.
Por esa razón, el abogado César Omar González señaló que a partir de las inconsistencias y la investigación “desaseada” por parte de la unidad especial de la FIscalía, aunado a las filtraciones del informe de la Comisión, reconoció que están analizandolas acciones legales correspondientes para que “dependiendo de lo que logramos acreditar, interpondremos quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana y denuncias de carácter penal”, advirtió.
Los dichos “no corroborados” del testigo Juan, “no existen evidencias de que los militares tuvieran relación con ningún grupo criminal, ni de que hayan tenido contacto alguno con los 43 estudiantes desaparecidos y por ende participado en forma alguna en la desaparición”, subrayaron los abogados.
Sobre las supuestas conversaciones telefónicas que “temerariamente” se le atribuyen al entonces coronel Rodríguez Pérez, al capitán Martínez Crespo y al soldado Mota Esquivel, referidos en el informe de la Comisión, el abogado Alejandro Robledo sostuvo que nada de eso fue “corroborado ni cuestionado a los interesados sobre el particular, a pesar de haber declarado en múltiples ocasiones” ante el ministro público federal.
“Dicho informe se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la fiscalía especial para el caso y al GIEI, lo que fue desmentido por éste, quien incluso cuestionó la fiabilidad y legalidad de los chats en que se basa el mismo, y que señala no tenía conocimiento de su existencia” recalcó el abogado Robledo Carretero.
Cuestionado sobre la posible renuncia de Omar Gómez Trejo a la unidad especial de litigación del caso, César Omar sostuvo que no les afectaba ni les incumbe si renuncia o no el fiscal, pues aseguró que independientemente de que estén o no en el cargo tanto el fiscal como el subsecretario Encinas “tendrán una responsabilidad con México, con los mexicanos y con la historia, con la justicia, por la manera en la que han llevado esta investigación”.
A fin de que la opinión pública pueda constatar la serie de inconsistencias, contradicciones y falsedades con las que se busca acusar y enjuiciar a los militares detenidos, los abogados anunciaron que hoy por la tarde darán a conocer los autos de formal prisión íntegros.
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