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> Expertos sostienen que combatir la asignación discrecional de recursos es tarea del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción
El 11 de enero de 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó un anodino boletín de prensa en el que informaba que la empresa productiva del Estado firmó un contrato con la Compañía Nitrógeno de Cantarell, filial de la firma alemana The Linde Group. El objetivo del contrato era el suministro de nitrógeno para inyectarlo en yacimientos de aguas someras y obtener crudo.
El contrato fue firmado por Gustavo Escobar, encargado de despacho de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex (DCPA), y por el director de la citada compañía, Guillermo A. Locht”, refería el comunicado y añade que desde 1997, Pemex analizaba alternativas de fluidos para inyectar al campo Cantarell y comprobó que el nitrógeno era lo mejor para la recuperación del hidrocarburo.
Lo que no explicó Pemex entonces fue que el contrato era por 40 mil 802 millones 779 mil 300 pesos —monto similar a todo el presupuesto de un año para la UNAM— lo que lo convierte en el más costoso en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Tampoco aclaraba que se trató de una adjudicación directa y que su duración sería hasta junio de 2027.
Aunque las tendencias internacionales señalan que una de las mejores formas para combatir la corrupción es privilegiar la licitación sobre la adjudicación —que debe realizarse de manera excepcional, sólo cuando el servicio es tan especializado que no hay suficientes competidores o cuando la organización de una licitación resulta más costosa que el monto del servicio—, el dedazo se impuso en el mayor contrato de la actual administración federal.
Un reporte elaborado por la Secretaría de la Función Pública y al que ejecentral tuvo acceso, refiere que durante el gobierno del presidente Peña ha predominado el método menos transparente para la asignación de contratos. En 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, se otorgaron 29 mil 352 contratos por licitación pública, tendencia que se mantuvo creciente hasta 2014, cuando hubo un pico de 32 mil 411 contratos. Sin embargo, las licitaciones se desplomaron en 2015 y cayeron a su peor nivel en 2016, cuando se registraron 25 mil 870 contratos.
En cuanto al monto de los contratos, también se pudo evidenciar una caída en los recursos otorgados por medio de licitaciones públicas. En 2012, último año de la pasada administración, se otorgaron 231 mil 973 millones de pesos en contratos, cifra que creció a 367 mil 089 millones de pesos en 2014. Pero entonces vino un declive: en 2015 se otorgaron 310 mil 786 millones y para 2016 ya eran 221 mil 876 millones, cifra inferior a la de 2012.
Un fenómeno inverso se registra en materia de adjudicaciones directas. Mientras que en 2012 se otorgaron 94 mil 154 contratos por la vía del dedazo, para 2014 creció a 108 mil 503 y a 125 mil 162 en 2016. En términos monetarios, también se evidenció un incremento: de 101 millones de pesos en 2012 se pasó a 151 mil 346 millones en 2014, y a 138 mil 120 millones en 2016.
El reporte sobre los contratos gubernamentales está actualizado al 13 de diciembre de 2016 y está sustentado en la base de datos de CompraNet. Las cifras incluyen los contratos suscritos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los contratos reportados por los entes públicos pertenecientes a las entidades federativas y municipios cuando ejercen recurso federal.
Urge la transparencia
Las leyes en México no cumplen con las mejores prácticas en materia de contratación pública, sostuvo Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, organización especializada en vigilar el uso el presupuesto.
Nuestros reglamentos permiten adjudicaciones directas de manera muy fácil, hay poca rendición de cuentas y los criterios para hacer uso de esta figura no siempre son transparentados”.
La especialista en gasto y obra pública dijo que una de las principales lagunas en nuestras leyes de adquisiciones y compras es que las adjudicaciones directas no están reguladas, ni los documentos donde se explican las razones por las cuales un contrato no se sometió a concurso.
El Sistema Nacional Anticorrupción no tiene posibilidad de ser exitoso si no hay una reforma a las leyes de contratación, de servicios y adquisiciones, así como de obra pública, es un paso indispensable”.
Las mejores prácticas internacionales de administración y combate a la corrupción señalan que “se deben evitar las adjudicaciones directas, y si éstas han aumentado durante el actual gobierno, las autoridades deben informar en qué rubros está ocurriendo el fenómeno, deben transparentar los argumentos para ignorar las licitaciones y, sobre todo, se debe dar a conocer el nombre de las empresas beneficiarias”, dijo Marco Antonio Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Especialista en políticas de combate a la corrupción, transparencia fiscal y rendición de cuentas, Fernández subrayó que, al cumplirse una semana del nombramiento de Ricardo Salgado Perrilliat como secretario técnico del recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción, una de las misiones inmediatas del funcionario será demostrar si este comportamiento en los contratos otorgados por el gobierno tiene explicación razonable o hay corrupción de por medio.
Contrato electrizante
El 26 de abril de 2016, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en ese entonces dirigida por Enrique Ochoa Reza, actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, firmó un contrato con la empresa Fermaca Pipeline El Encino, para la transportación de gas en la zona norte del país. El monto fue por 36 mil 983 millones 708 mil 395 pesos y durará hasta el año 2041.
El convenio no tendría nada de raro de no ser porque se trata del segundo contrato más costoso en lo que va del gobierno del presidente Peña y porque también se logró por adjudicación directa. Fermaca, así como Grupo Carso del empresario Carlos Slim, han sido las firmas más beneficiadas por la CFE en la transportación de gas, insumo necesario en algunas de sus plantas para la generación de energía eléctrica.
En una carta aclaratoria, la empresa especializada en proyectos de energía envió una carta a ejecentral en la que señala que obtuvo el contrato a través de una licitación pública internacional, y no por no por adjudicación directa, como lo reporta CFE en su página de transparencia. Cabe destacar que el Portal de Obligaciones de Transparencia de la CFE refiere que el contrato 800769667 fue por adjudicación directa y que fue firmado el 26 de abril de 2016.
Obras a la baja
Otro fenómeno que se ha agudizado desde que comenzó el gobierno peñista es que mientras crecen los contratos para adquisiciones, arrendamientos y servicios, al mismo tiempo han bajados lo contratos para obra pública, lo que pone en evidencia que suben los gastos en burocracia mientras se castiga la infraestructura.
Por ejemplo, en 2012 por cada contrato de obra pública que se otorgaba había tres de adquisiciones. Dicha relación se alteró en 2016 cuando por cada asignación para obra se dieron cuatro para arrendamiento.
De acuerdo con el documento de la Secretaría de la Función Pública, en 2011 se firmaron 50 mil 690 contratos para adquisiciones, número que se elevó a 92 mil 178 en 2015 y decayó a 83 mil 443 en 2016, aunque sigue siendo muy superior a los récords de la administración pasada.
Y lo mismo ocurrió con los contratos para servicios, pues mientras en 2012 por cada contrato para obra pública había 1.8 para servicios, en 2016 la relación fue de 3.3 contratos para servicios por cada uno de obra. Esto es: de 27 mil 695 contratos para la obtención de servicios que se firmaban a finales del gobierno de Calderón, para 2013 ya eran 49 mil 676 y la cifra siguió creciendo hasta alcanzar un pico de 73 mil 595 en 2015, para después ceder un poco en 2016, con 64 mil 362, casi el triple del número original.
Respecto al gasto en obra pública, mientras que en 2012 se gastaron 135 mil 815 millones de pesos en infraestructura, para 2016 se invirtieron 112 mil millones. Para el investigador Marco Antonio Fernández, una de las pruebas que enfrentará el Sistema Nacional Anticorrupción será sistematizar todo lo relacionado con compras y contratos de gobierno, pues la identidad de los proveedores sigue siendo difícil de rastrear, lo mismo que los detalles sobre los procesos de licitación.
El especialista en gasto público y transparencia dijo que en muchas licitaciones es común que las empresas sean creadas horas antes de los concursos y hasta en la misma notaría. Cuestionado sobre la posibilidad de que la reducción en los contratos de obra pública se deba a las medidas de austeridad de los últimos dos años, el investigador de México Evalúa señaló que los ajustes al gasto gubernamental han sido parciales, pues mientras se castiga el gasto en obra pública, el gasto en servicios ha tenido un crecimiento constante. Mariana Campos recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó una “ley modelo” con los requisitos mínimos que deben tener las normas de adquisiciones y de obra pública de los distintos países para evitar actos de corrupción y fugas de dinero. Al comparar esa ley con el marco legal mexicano se llegó a la conclusión de que el país no tiene ni los requerimientos más básicos.
“México tiene muchísimas carencias y, por lo tanto, no puede ofrecer obras íntegras, transparentes y efectivas. Es indispensable generar cambios en la contratación pública a nivel federal y a nivel estatal, pues las leyes contemplan una serie de excepciones que provocan que la mayoría de los contratos incurran en las peores prácticas internacionales, tales como los contratos entre dependencias o los recursos para obra asignados a los estados y municipios, que no están sujetos a las leyes federales y, por tanto, no puedes ser transparentados”, estimó la experta.
