TEGUCIGLPA, Honduras. Un juzgado hondureño declaró este jueves culpables a siete de los ocho acusados por el crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, incluyendo a un empleado de una empresa hidroeléctrica que había amenazado de muerte a la ecologista.
El tribunal de tres jueces “declara la responsabilidad penal” de Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos S.A (DESA), y a otros seis acusados, según el fallo leído en un juzgado de Tegucigalpa. En base a “pruebas sólidas” y por unanimidad de los tres jueces de la sala, la resolución precisa que el próximo 10 se determinará cuántos de años cárcel impone a cada culpable. El escrito detalla que Rodríguez coordinó con el mayor del ejército Mariano Díaz, el exjefe de seguridad de DESA Douglas Bustillo y “otro ejecutivo” de esa empresa, para contratar a cuatro sicarios que mataran a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Los cuatro sicarios son Henry Hernández, Elvin Rápalo, Oscar Torres y Edilson Duarte. El hermano de este último, Emerson Duarte, fue absuelto al no haberse encontrado indicios en su contra de delito, pese a que la pistola con la que se perpetró el asesinato fue encontrada en su casa, en el caribeño puerto de La Ceiba. No se pudo probar que tenía conocimiento de que la pistola había sido usada para asesinar a la ambientalista. En Honduras el delito de asesinato se castiga con una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua. La pena que deban pagar cada uno de los siete condenados en prisión se conocerá el 10 de enero de 2019. Según el relato de hechos, al menos dos personas ingresaron violentamente a la casa de Cáceres en la comunidad de La Esperanza hacia las 23:00 horas locales del 2 de marzo de 2016 y mataron a tiros a la ambientalista e hirieron al mexicano Gustavo Castro, dejándolo vivo porque se hizo el muerto. Otro hombre los transportó en un vehículo y un cuarto los acompañó. Además, quedó evidenciada una oferta económica de 100 mil lempiras (poco más de 4 mil dólares) para los sicarios. El fallo explica que quedó comprobado el delito de “asesinato” por parte de Rodríguez, Bustillo y Díaz y de “asesinato” y “tentativa de asesinato” de Castro contra los cuatro sicarios. El poder Judicial tiene pendiente comenzar el juicio del noveno acusado, el expresidente de DESA encarcelado por el caso, David Castillo.
Una lucha que no se cierra
Al exponer las causas del asesinato, el tribunal concluyó que el personal de DESA consideraba que con el asesinato de Cáceres se podía continuar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque. La obra estaba paralizada por las protestas del Copinh, encabezadas por Cáceres. En la sala de sentencia estaba la madre de la ambientalista, Austra Berta Flores, quien estalló en llanto al escuchar la sentencia. Dos hijos trataron de consolarla.
Es difícil decir que estamos satisfechos, pero por lo menos no han sido tan descarados como en otros casos. Por la presión de las organizaciones y el espírItu de Berta, que movió los corazones a nivel nacional e internacional, se ha ha comprobado el involucramiento de DESA”, destacó en declaraciones a la AFP Gustavo Castro, hermano de la ambientalista.
Castro advirtió que “la lucha no se cierra, seguirá hasta que caiga el último autor material e intelectual y hay que esperar el otro juicio contra David Castillo, que no se cierre ninguna línea de investigación”. https://twitter.com/GildateleSUR/status/1068284072148025345 En una declaración, los familiares reiteraron que “Berta denunció amenazas y el peligro de muerte bajo los que se encontraba, al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado de Honduras medidas cautelares”. La familia y el Copinh aseguran, según su abogado, Rodil Vásquez, que a Cáceres la mandaron matar “influyentes empresarios, banqueros socios de DESA y altos funcionarios del Estado, intocables para el sistema judicial hondureño”. Cáceres tenía medidas cautelares de la CIDH ante reiteradas denuncias por amenazas de los empleados de DESA, por rechazar con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Guarcalque, en territorio indígena. “El Estado incumplió las medidas cautelares”, sostuvo Vásquez.
