DEA, bajo sospecha por operaciones en México

jonathanjnd@ejecentral.com.mx Entre 2007 y 2012, la Agencia Antridrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) diseñó, financió y ejecutó, junto con cuerpos especiales de la Policía Federal mexicana —certificados y entrenados por esa oficina—, operaciones especiales en territorio mexicano contra grupos criminales, especialmente narcotraficantes. Estas operaciones, por primera vez, son cuestionadas y se exige una investigación en Estados Unidos. Cuatro de las voces demócratas más poderosas en el Congreso exigieron una “investigación exhaustiva” sobre las acciones y corresponsabilidad de la DEA, derivadas de la desaparición y asesinato de al menos 300 personas en Monterrey, Nuevo León, y Allende, Coahuila, en lo que organizaciones civiles catalogan ya como un genocidio perpretado por el grupo criminal de Los Zetas. Los cuestionamientos sobre la corresponsabilidad de agentes antinarcóticos estadounienses se refieren a las operaciones llevadas a cabo por integrantes de las Unidades de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) que plantean “serias dudas sobre las prácticas de estas unidades formadas y financiadas por la DEA y señalan la necesidad de una mayor responsabilidad de las mismas”. “¿Cuál fue el papel de la DEA en los incidentes de Allende y Monterrey? ¿Hubo algún informe de la DEA en la sede y/o altos funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Estado después de cada uno de estos incidentes? ¿Qué prácticas, si las hubo, fueron modificadas por la DEA en México o a nivel mundial como resultado de las actividades de la SIU?”, son parte de los cuestionamientos que los líderes demócratas incluyeron en una misiva. Los legisladores Eliot L. Engel, miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; el representante Jerrold Nadler, miembro de rango del Comité de la Cámara sobre el Poder Judicial; el senador Patrick Leahy, vicepresidente del Comité Senatorial de Apropiaciones, y la senadora Dianne Feinstein, vicepresidenta del Comité Senatorial de la Magistratura, enviaron la carta a los inspectores generales de los Departamentos de Justicia y Estado para que investiguen estas operaciones. El portal informativo Propública dio a conocer un reportaje titulado “La anatomía de una masacre”, en el que la periodista Ginger Thompson, corresponsal del New York Times en América Latina y principal reportera en dicho sitio, documentó que agentes de la DEA revelaron a policías federales información que cayó en manos de Los Zetas y, al descubrir que habían sido traicionados por miembros de su organización, los hermanos Treviño Morales, decidieron asesinar a sus familiares y amigos, lo que se conoció como la matanza de Allende. La ganadora del premio Pulitzer documentó también que el secuestro de cinco personas de un hotel en la ciudad de Monterrey, ocurrido en abril de 2010, y de las cuales a la fecha se desconoce su paradero, habría sido consecuencia también de actos perpetrados por la misma organización, “provocadas por filtraciones de inteligencia que había sido provista por la DEA a través de las Unidad de Investigación Sensible”. En noviembre de 2017, la martanza de Allende fue un caso analizado por la clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila. Se confimó que las mismas razones de venganza suscitaron hechos violentos en otros municipios, Nava y Morelos, ubicados en la frontera con Estados Unidos.

El Estado hizo caso omiso a la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos humanos cometidos por Los Zetas en Coahuila, y en el peor de los casos, participó directamente en cometer estos abusos”, fue parte de las conclusiones a las que llegaron los integrantes de la clínica de Derechos Humanos de Texas y que quedaron plasmadas en su informe Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila.

De acuerdo con información oficial, las SIU se crearon hace casi 20 años para “la guerra contra las drogas, (para) llevar a cabo operaciones de campo e investigaciones de socios extranjeros donde los miembros locales del gobierno o las fuerzas del orden público pueden estar corruptos y proporcionar información a las organizaciones de narcóticos”.