Eran las tres de la mañana, en ropa interior fue sacado de su vivienda, esposado y subido a una patrulla, creía que se trataba de un secuestro. Miguel Ángel Vilchis García recuerda esa noche, como si hubiese sido ayer u hoy, porque el trauma continúa.
El 31 de agosto de 2017, el hombre de 53 años fue detenido, al mismo tiempo que otras cinco personas, familiares todos. Mientras sus nietos lloraban, sus hijos, tirados boca abajo y con armas largas apuntándoles, vieron su partida.
“Eran las tres de la mañana, derribaron la puerta de la casa, entraron encapuchados. No nos presentaron ninguna orden de aprehensión, creíamos que se trataba de un secuestro o de cualquier otra cosa. Nos apuntaron con sus armas largas y nos llevaron semidesnudos a la Fiscalía del Estado de México”, recuerda Vilchis.
La defensa de 207 hectáreas de tierras boscosas de la comunidad de Salazar, en el Estado de México, fue la causa. El 30 de septiembre de 2016, Mario Alberto de León Venegas, presunto representante legal de empresarios y dos pistoleros, “nos tiraron balazos, querían apoderarse de las tierras”, acusa el hombre.
No fue sino hasta la una de la tarde del día de la detención, cuando los defensores de tierras conocieron la acusación. De León Venegas los señalaba de robo, de agresión y privación ilegal de la libertad.
Encargado de la biblioteca central de Salazar desde hace 27 años y dedicado al campo en su tiempo libre, a la siembra de maíz, avena y haba. El hombre de 53 años es uno de los seis presos políticos liberados el pasado 23 de mayo.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, Fermín Esquivel Rojas, Yuriko Maribel Becerril, Daneyra Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores, Cutberto Vilchis García y Miguel Ángel Vilchis García, lograron obtener su libertad.
Neftalí González Granados, colaborador de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob y encargado de la liberación de presos políticos, fue quien se acercó a los entonces prisioneros para apoyarlos en el caso.
La detención no fue su único martirio. Vilchis acusa que en el penal de Santiaguito, de Almoloya de Juárez, era una lucha constante el tener que conseguir dinero para pagar su renta. El penal, asegura, les cobra 270 pesos mensuales por su celda.
Miguel Ángel, padre de tres hijos y orgulloso abuelo de seis menores, reconoce que no ha sido fácil el regreso a casa. “Han sido 15 días sin poder dormir. Si un perro ladra o escuchamos un ruido, creemos que la historia se vuelve a repetir”, pero irradia felicidad. Estar con su familia le ayuda mucho.
“Le damos gracias a Dios, pero no ha sido fácil. En las noches no hemos podido dormir. Fue un daño psicológico el que nos causaron. Andamos viendo lo del trabajo, porque lo perdimos al ser encarcelados”.
Al día de hoy, afirma Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, se han liberado a 31 personas como Vilchis García, víctimas de juicios incompletos, con violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos; pero se analizan 538 casos más en busca de obtener más liberaciones.
