En la discusión de alrededor de doce horas que se dio ayer en el Parlamento Abierto sobre la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, los argumentos que presentaron quienes pidieron la aprobación de la propuesta hecha por el poder Ejecutivo fueron rebatidos por quienes pidieron modificaciones.
Uno de las defensas que más se escuchó fue que la iniciativa de ley defiende el derecho humano a la ciencia; pero el consultor jurídico Jorge Espinosa Fernández, señaló que cuando se hizo la ley que aún está vigente, ya se contemplaba el derecho al acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología, pues México se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1981.
También se señaló en diversas ocasiones que la iniciativa del ejecutivo es el resultado de diversos foros, organizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en los que participaron una multitud de actores del sistema de investigación y desarrollo.
Sin embargo, Julio Antonio García Palermo, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), uno de los centros públicos de investigación que depende de Conacyt, preguntó “por qué si ha habido un montón de foros… llevamos casi cinco horas platicando de lo mismo y observando lo mismo”.
Y respondió: “Porque, lo dijo el diputado Casarini, una cosa es escuchar y otra cosa es que te tomen en cuenta y te incluyan; es decir, este ejercicio que estamos haciendo hoy en día es fundamental sólo si es incluyente… porque de simulación tenemos muchísimo ya”, dijo haciendo referencia, como ya lo había hecho en una carta abierta personal de los llamados centros Conacyt, a que en los foros sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.
El estado no puede ser el único actor
Claudia Díaz Pérez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) coincidió en que hay tres temas principales en la discusión: autonomía, gobernanza y financiamiento, mismos que fueron los ejes de la evaluación de la propuesta de Ley que hicieron investigadores de esa universidad a solicitud de la Cámara de Diputados.
Por cuestiones de tiempo, la investigadora presentó sólo algunas de las propuestas emanadas de la evaluación, la primera de las cuales fue “ayudar a fortalecer la cuestión del financiamiento”.
“Una ley debe de establecer los mecanismos para que ese financiamiento efectivamente llegue a dónde debe de llegar y la (propuesta de) ley no establece instrumentos, no establece mecanismos, no establece progresividad”, dijo, y señaló que esto perjudicará a los estados más pobres.
Con respecto a la autonomía, la evaluación hecha por la UAM propone diversas mejoras, de las que Díaz Pérez destacó dos. La primera, “que el Conacyt quiere ser copropietario de la propiedad intelectual. Esto es un atentado, desde nuestro punto de vista, a la autonomía”, dijo la investigadora y señaló que debería tocarles sólo a los creadores y a las instituciones donde desarrollaron sus creaciones.
La propuesta tiene un sentido práctico, para agilizar las negociaciones y la transferencia de la propiedad intelectual. “Nuestro país patenta poco y además transfiere muy poco conocimiento”, dijo y citó que sólo el 6% de las patentes que se han dado en el país en los últimos 50 años son de mexicanos. Si tres partes son propietarias, “para qué les digo lo que va a suceder en términos de los procesos y la burocratización”.
También señaló que en el sistema de gobernanza en la propuesta de ley faltan las pymes, que “son actores fundamentales”, que faltan actores regionales y que no hay “una participación clara de los académicos… Nos parece que la ley no propone mecanismos suficientes de participación de los diferentes actores y en ese sentido señalamos que el gobierno no es y no puede ser el único actor en el sistema”, dijo.
Debemos salir del ‘egosistema’
Sobre las pequeñas y medianas empresas (Pymes) también habló Anayeli Aurora Silva Anzaldúa, presidenta de la comisión de innovación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en primer lugar señalando que “todo ser humano tiene derecho de beneficiarse de los resultados de la ciencia, pero tiene por igual el derecho a una participación activa en el progreso científico y tecnológico”.
Silva Anzaldúa dio a entender que en la propuesta de ley se discrimina de este derecho por “actividad económica, lugar de empleo, escuela o centro de investigación de adscripción”, pues no todos podrían ser beneficiarios de los estímulos económicos, incentivos o becas para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
“México no es un país subdesarrollado, es un país suborganizado”, dijo la experta en innovación, y señaló que la ley debería ser la articuladora y “establecer que la ciencia no está al servicio de los intereses particulares de ningún individuo o sector; ni del sector productivo, ni del sector académico, ni del sector público”.
“Debemos transitar desde el egosistema, dominado por intereses egoístas y desiguales, hacia ecosistemas colaborativos y equitativos, donde cada individuo y sector trabajen juntos en pro del bienestar colectivo y en y el progreso sostenible”, concluyó. MAAZ
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