De la esperanza a la exigencia
Esta es la revisión de la especialista de RSF en México para ejecentral sobre la situación de la prensa en el país, a cuatro años del gobierno de López Obrador, pero con la perspectiva de que puede frenar los ataques e impunidad a más de un año que termine su gestión
A cuatro años del gobierno de la Cuarta Transformación, se hace necesario echar un vistazo hacía atrás para ver qué ha pasado con la situación de la prensa, así como las luces y sombras que han acompañado estos largos años y que se encaminan a la recta final del sexenio.
México, consolidado como país más peligroso para el periodismo en 2022
Este año, 2022, ha sido uno de los años más difíciles para la prensa donde “por cuarto año consecutivo, México se ha consolidado como el país más peligroso y más mortífero del mundo para los periodistas, por delante de países en guerra como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres casos)”, de acuerdo al informe de Reporteros sin Fronteras (RSF).
Esta es una situación grave de la que el gobierno actual no se ha logrado sacudir, indudable esta es una de las sombras que lo seguirán hasta al final del sexenio.
›El cierre de estos cuatro años quedará registrado como el más mortífero para los periodistas en este país, con un total de 63 periodistas asesinados según el reporte más reciente del Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, más tres periodistas desaparecidos en lo que va del sexenio que extrañamente el subsecretario no menciona en sus reportes.
De acuerdo con los reportes de RSF, tan sólo en el año 2022, han sido asesinados 11 periodistas por ejercer su labor; más otros cuatro (sumando 15) que aún no ha sido confirmado sí el asesinato tuvo que ver con su labor, y también un desaparecido.
De acuerdo con la organización Artículo 19, en México, se registra “una persona periodista agredida cada 14 horas”. Tan sólo en el primer semestre de 2022, la organización registró 331 agresiones, precisando que el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones.
Ello sin considerar las diversas agresiones y amenazas de periodistas que han sido registradas a lo largo de estos años en el ámbito digital, donde han crecido de manera grave.
El desplazamiento forzado de periodistas ha sido otro de los impactos que la violencia contra la prensa ha causado.
El cuarto año del gobierno de AMLO, no ha sido tan distinto a los últimos dos de Enrique Peña Nieto, cuando fueron asesinados 48 periodistas, la cifra más alta fue en los años 2016 y 2017, con 11 y 12 respectivamente, cifras que tan sólo han sido superadas en este 2022.
Libertad de expresión acotada por la inseguridad para ejercer el periodismo
Si bien es cierto como lo señaló el Presidente, en su cuarto informe en el Zócalo el 27 de noviembre, “se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir”, también es verdad que México no es aún el santuario de libertades que quisiéramos todos ver, las cifras antes señaladas son reales y así lo indican.
La violencia contra la prensa se ha ensañado en algunas regiones del país, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas, por mencionar algunas donde la zonas de silencio para la prensa se ahondaron y en otras entidades se han abierto estos frentes como Guanajuato, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo.
De acuerdo a los registros más actualizado del Mecanismo para la Protección de Personas Periodistas y Defensores de Segob, estos son sus números impactantes, pues tiene bajo su protección actualmente a mil 768 beneficiarios:
Esto pareciera ser un logro, que lo es cuando de vidas se trata, pero también es un indicador de que las cosas no andan bien, una sombra por demás difícil de no voltear a ver, cuando gran parte de estos agresores son servidores(as) públicos.
›Los registros del mismo organismo hasta agosto de este año indican que hay por lo menos 14 entidades en el país, entre las que destacan seis, entre ellas Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Sonora, donde los riesgos para ejercer el periodismo son constantes y de donde provienen gran parte de los periodistas bajo protección.
En esta parte que corresponde a la seguridad, hay que mencionar desde luego dos cosas centrales que inquietaron durante estos cuatro años. Por una parte la incertidumbre que causó a los beneficiarios el retiro del fideicomiso para las medidas de protección, recursos que ahora dependen directamente de la Secretaría de Gobernación, sería bueno saber cómo y de qué manera se ejercen estos recursos.
Pero por primera vez el Mecanismo contará con 569 millones de pesos para protección en el ejercicio 2023. Aunque hay que decirlo claro, el tema no es sólo de dinero, sino de muchos otros recursos como personal suficiente y capacitado. Además de una revisión de los protocolos de aplicación de medidas, entre otros.
El otro tema es la llamada Nueva Ley de Protección, que inició su consulta en febrero de 2022, que si bien tiene la intención de mejorar la legislación en materia de protección, el proceso aún no concluye y básicamente plantea definir las facultades de competencia de los gobiernos estatales, municipales y federales. Un proyecto aún y que nadie conoce a la fecha, pero que seguramente será presentado en el próximo año al Congreso para su aprobación.
Impunidad cero, acción que en el caso de los periodistas llegó tarde
Si bien la política del gobierno de la 4t se ha destacado por su lema “impunidad cero”, que inicio en 2019, el tema sobre asesinatos de periodistas fue incorporado hasta 2022, cuando fue más que evidente el asesinato de periodistas crecía, casi 2 homicidios por mes. ¿Por qué el gobierno no incorporó los ataques de periodistas desde inicio de su sexenio en su política de impunidad cero?, si para entonces había poco más de 150 periodistas asesinados que si bien no ocurrieron en su administración, son responsabilidad del Estado investigar.
La emergencia estaba desde que llegó el gobierno al poder y por ello debió tomar medidas contundentes. Al iniciar el cuarto año de gobierno, la sombra de la violencia obligó al gobierno a reaccionar como le ocurrió a Enrique Peña Nieto en mayo de 2017, con el asesinato de Javier Valdez. Demasiado tarde entonces.
El asesinato de tres periodistas en tan solo un mes, enero de 2022; José Luis Gamboa, (10); (Margarito Esquivel (17); y Lourdes Maldonado (23), fueron estos casos la gota que derramó el vaso para que cientos de periodistas salieran a protestar el 25 de enero; lo hicieron en por lo menos 30 ciudades del país, exigiendo justicia para sus compañeros asesinados, algo que no ocurría desde hacía por lo menos seis años, cuando fueron asesinados los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez.
Imposible no considerar entonces que el gobierno federal se vio obligado a tratar el caso de los periodistas asesinados en las mañaneras por la presión nacional e internacional, con las diversas manifestaciones que periodistas realizaron en diferentes puntos del país, e incorporarlos a los informes de las mañaneras, responsabilidad que dio al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.
Según el informe más reciente, del 1 de noviembre, de Alejandro Encinas, hay 32 personas detenidas y tres sentenciadas. Con estos datos sólo quedan claras dos cosas. El gobierno está preocupado por lo que ocurre con el asesinato de los periodistas, un problema que si bien no es exclusivo de su gobierno, sí es un problema que debió atender desde su llegada al poder y dos, ha reaccionado un poco tarde cuando se han registrado 63 asesinatos en su sexenio, de acuerdo a los propios datos de su administración.
¿Esperanza que se desvanece?
Esta situación había sido advertida por RSF. El 3 de julio de 2019, el Secretario General de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, envió una carta personal al Presidente, donde manifestó su preocupación por la situación de la libertad de prensa en México y le dijo “su ascenso a la presidencia, en diciembre de 2018, y su voluntad de luchar contra la corrupción, pueden alimentar la esperanza de que se ponga fin a esta espiral de violencia.
No obstante, esto sigue representando un gran desafío”. México viene de un deterioro en la libertad de prensa por más de 15 años, advirtió.
Se trata, le reiteró, de “poner fin rápidamente a la impunidad que impera en los crímenes cometidos contra periodistas”.
La organización envió entonces cinco recomendaciones que solicitó implementar de manera inmediata, entre ellas las de protección y lucha contra la impunidad y ofreció su colaboración para contribuir a ello. La respuesta a esta carta no llega aún.
Cuatro años después y voltear a este panorama que ya desde la llegada de la actual administración, no era la mejor, nos regresa a un contexto nada alentador donde las acciones de lucha contra la impunidad, si bien se deja ver hay cierta voluntad para llevarlas a cabo como una luz al final de un túnel, estas avanzan de manera fragmentada y con poca claridad, más como una reacción bajo presión que como una política contundente de combatir la impunidad.
El gobierno aún tiene la oportunidad de demostrar que puede hacer algo más por garantizar la seguridad para las y los periodistas en el ejercicio de su trabajo y sobre todo para lograr justicia para sus familiares, donde gran parte de ellos están en el silencio y abandono. Ellos y ellas deben ser una prioridad en la recta final de este gobierno.
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