Analista de cabecera para diversos medios nacionales y portales especializados, y asesor de diversas empresas en el sector energético, el joven empresario Joaquín Leal Jiménez, considerado como pionero en la incursión de México en el Mercado Eléctrico Mayorista, y participante en la conformación de la primera Suministradora Calificada de dicho mercado, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por participar en un esquema para evadir las restricciones que el presidente Donald Trump impuso a Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA).
De acuerdo con la acusación del órgano federal estadounidense, encargado de administrar las finanzas públicas de ese país, el originario de Guanajuato, junto con las presuntas empresarias Olga María Zepeda Esparza y la madre de esta, Verónica Esparza García, junto con una red de al menos ocho compañías, conformaron una operación clandestina organizada que, de acuerdo a la acusación, estaría a cargo del ministro venezolano de Petróleo Tareck El Aissami, y el empresario colombiano Alex Saab, enfocada a revender millones de barriles de crudo venezolano, a través de un programa fachada de “petróleo por alimentos”, pero en el que nunca se entregaron alimentos a Venezuela.
Asiduo comentarista sobre pronósticos y análisis de inversiones en el sector energético mexicano, Joaquín Leal Jiménez, con estudios en el Babson College de Boston, Massachusets, donde habría recibido su primera oportunidad laboral, fungió como director general de SUMEX y presidente de Consejo de la firma SOGAP, desde donde impulsó el que México incursionara en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El 30 de agosto de 2017, la Secretaría de Energía, entonces bajo la titularidad de Pedro Joaquín Coldwell, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a cargo de Guillermo García Alcocer, se instaló el Comité de Evaluación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), a fin de dar seguimiento al nuevo mercado eléctrico que se había creado con la Reforma Energética y que comenzó a operar desde enero de 2016.
Dos años después de que entrara en vigor en el país el Mercado Eléctrico Mayorista, Leal Jiménez destacó en diversos medios la importancia de que la inversión de capitales públicos y privados en el sector había permitido que se planteara la posibilidad de dejar de implementar el horario de verano, al sostener que en tanto el MEM continuara madurando, las tarifas no aumentarían en la temporada de calor sino, por lo contrario, irían a la baja.
Este jueves, el gobierno estadounidense señaló a Joaquín Leal como dueño de las empresas Cosmo Resources Pte. Ltd., con sede en Singapur; Alel Technologies LLC (Alel), situada en Delaware, y registros en California, Texas, y Boston; Washington Trading Ltd., compañía con sede en el Reino Unido. Así como Luzy Technologies LLC (Luzy), también constituida en Delaware.
Precisamente Luzy Technologies, creadora de la aplicación “Luzy”, de la cual Joaquín Leal se ostenta como el director ejecutivo, fungió como aliada del actual gobierno en la asistencia médica y psicológica por la pandemia de Covid-19. Y apenas en octubre del año pasado, el también excolaborador del Massachusetts Clean Energy Center, encabezó los inicios de la construcción del primer comedor saludable en una fábrica del Estado de México.
Apenas este jueves, el portal Mujer México informó que Leal Jiménez, creador de la plataforma Luzy, entregó despensas a mujeres vulnerables en el municipio mexiquense de Chalco.
“El empresario Leal Jiménez decidió sumarse a estos grupos de ayuda y a principios de este mes se dio a la tarea de llevar despensas a las zonas más marginadas de Edomex”, se indica en la publicación, el mismo en que el gobierno estadounidense señala a Leal por cooperar con Alex Nain Saab, ´quien fue detenido el sábado pasado, señalado como el principal testaferro del presidente Nicolás Maduro, para evadir las sanciones de Estados Unidos y ayudar en la venta de petróleo crudo de origen venezolano.
La acusación abarcar que Leal y Saab, en colaboración con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, propiedad de Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, también sancionadas, durante al menos el primer semestre de 2019, adquirieron contratos de proveeduría de alimentos y suministros para el abasto de agua en Venezuela, en medio de la pandemia, por lo cual fueron categorizados como apoyo humanitario, estableciendo como medida de repago la entrega de barriles de petróleo crudo.
